16 mar. 2026

A pedido fiscal, desestiman caso contra un intendente

El juez de Delitos Económicos, Rodrigo Estigarribia, desestimó la denuncia por supuesta lesión de confianza contra el intendente de Capiibary, César David González López (PLRA), a pedido del fiscal de la causa, Silvio Corbeta Dinamarca.

Según señala, esto a fin de no caer en el doble juzgamiento, ya que el jefe comunal ya fue sobreseído en otro proceso por los mismos hechos investigados.

Dice el fiscal que la investigación se inició el 20 de setiembre del 2022 por un grupo de concejales de Capiibary, en contra del intendente y de la empresa SYS Construcciones de Blas Sebastián Santacruz.

En el caso, el abogado defensor Denis González solicitó la desestimación de la causa, debido a que el juez Penal de Garantías de San Estanislao, Vicente Coronel, le benefició con el sobreseimiento definitivo.

Con ello, dice que el sobreseimiento se dio en la investigación por los mismos hechos, por lo que para evitar un doble juzgamiento, la denuncia debía ser desestimada por el magistrado.

El juez admitió el pedido y desestimó el caso en contra del intendente César David González.

Más contenido de esta sección
Un hombre exige al Ministerio Público que impute también a la jueza civil de Luque y al dueño de la empresa que, en un juicio ejecutivo, le embargaron el dinero que había ganado en un juicio laboral. Según la Fiscalía, solo habría responsabilidad de la ujier y del oficial de Justicia, ya que las notificaciones serían falsas. Recuerda que el embargo se produjo justo cuando a su hijo le diagnosticaron una enfermedad grave.
La Sala Penal de la Corte rechazó el hábeas corpus reparador planteado a favor de Gianina García Troche, ex pareja del prófugo Sebastián Marset, ambos procesados en el caso A Ultranza Paraguay. En el informe de la jueza Rosarito Montanía se señala que la mujer había conseguido diversas comodidades no autorizadas en el penal de Viñas Cué.
El Tribunal de Apelación Civil y Comercial, Primera Sala, confirmó la sentencia que concedió la indemnización por daño moral a una víctima infantil de la dictadura stronista. Sin embargo, la reclamante ya falleció, por lo que sus herederos serían los beneficiarios. La víctima había sido secuestrada a los dos años junto con su madre y torturada para obligar a la mujer a hablar.
“Como Estado estamos en falta”, afirmó Elida Favole, directora de Género de la Fiscalía. Además, advirtió que “tenemos un retroceso y además una reticencia a abordar los hechos de violencia”.
Pobladores del barrio San Miguel de la ciudad de Areguá viven en zozobra, ya que denuncian la proliferación de adictos en la zona, la falta de seguridad y de limpieza de patios baldíos.
La retractación de una víctima de violencia tiene “un altísimo porcentaje”, lo que dificulta el proceso, lamenta la fiscala Estela Mary Ramírez. Advirtió que en zonas rurales pueden existir subregistros por normalizar la violencia.