Con el objetivo de dar un fin a las trabas que las instituciones del Estado ponen a la Contraloría General República (CGR) para auditar las rendiciones de cuentas, fue elaborado un proyecto de ley impulsado por el mismo contralor Camilo Benítez, que finalmente fue incluido en el orden del día previsto para mañana en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados.
Se trata de la propuesta de ley “que modifica y amplía el artículo 30 de la Ley N° 879/1981, Código de Organización Judicial”, que tiene como finalidad delimitar en su composición y funciones al Tribunal de Cuentas. Esto debido a que las instituciones presentan una acción de inconstitucionalidad contra la ley que faculta a la Contraloría ejercer control, basándose en esta normativa. El diputado liberal Jorge Ávalos Mariño, uno de los proyectistas, indicó que los entes que imponen este bloqueo superan la cantidad de 100.
“El Tribunal de Cuentas ha servido para que las instituciones operen en impunidad. Al remitir a esa instancia nunca hay resultado y hace que la Contraloría nunca pueda auditar. Hay más de 100 instituciones en esa situación”, detalló.
Entre esas instituciones se encuentran la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público, la Defensoría Pública, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, las gobernaciones y las intendencias. “Hoy en día, esta función constitucional no se puede cumplir en todas las instituciones y entidades públicas porque se ha presentado una acción de inconstitucionalidad a la Ley 2248/2003, que prosperó”, manifestó el legislador.
El contralor recordó que desde 1992, con la Constitución Nacional, la Contraloría es ”el órgano de control de las actividades económicas y financieras del Estado, de los departamentos y de las municipalidades” y que “goza de autonomía funcional y administrativa”.
Apuntó que no puede haber dos instituciones contraloras y resaltó que la CGR tiene 600 auditores, profesionales expertos, a diferencia del Tribunal de Cuentas, que está formado por jueces que no son ni auditores ni contadores.
En el proyecto se detalla que el Tribunal de Cuentas no podrá realizar la evaluación de la ejecución de los gastos públicos.
TSJE impide control. La Contraloría cuestionó en varias ocasiones que no puede ingresar al TSJE, sobre todo luego del incendio, cuando surgieron varias dudas sobre la gestión de esta institución.
La traba principal proviene del mismo presidente, Jaime Bestard, según el diputado oficialista Hugo Ramírez. “Venimos reclamando lo sucedido en el TSJE con el episodio del incendio, donde se perdieron unas 7.000 máquinas de votación y se puso en riesgo el sistema TREP para saber los resultados en tiempo real a medida que se realiza el conteo. Esto pone en riesgo la credibilidad de una institución que es la base de la democracia. Nosotros reclamamos en varias oportunidades el hecho de que el TSJE no tiene una auditoría desde el 2014, resguardándose en una inconstitucionalidad”, destacó Ramírez.
Entes sin control
Corte Suprema de Justicia (CSJ). No permite auditar cuentas a la CGR.
Ministerio Público. La Contraloría habla de evitar la corrupción mediante controles.
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE). Desde el 2014 impide auditorías y la situación adquirió mayor gravedad luego del incendio.
Gobernaciones. La misma Constitución Nacional atribuye la función de controlar a estos entes, que no permiten el ingreso a la Contraloría.
Municipalidades. Auditar intendencias para ejercer control preventivo es el fin de la ley.
Defensoría Pública. Es una de las que ponen trabas al control.
