Por Marcel Gascón Barberá- EFE
Numerosos muertos y miles de detenidos después, la oposición ha prometido intensificar las acciones de desobediencia para detener el proceso constituyente activado por Maduro, que ha convocado a las urnas el 30 de julio para elegir a los redactores de una Nueva Carta Magna.
Surgida de las elecciones de diciembre de 2015, las últimas que se celebraron en el país, la mayoría absoluta antichavista en la Asamblea Nacional (Parlamento) ve en ello un intento de “consolidar la dictadura” por parte del oficialismo.
Por su parte, el Ejecutivo y el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) dicen impulsar la nueva ley fundamental para restablecer la paz social y “fortalecer la revolución” bolivariana iniciada en 1999 por el fallecido presidente Hugo Chávez.
En la que es su principal medida para impedir el “fraude”, el Parlamento ha convocado este 16 de julio un referéndum para que los ciudadanos aprueben o rechacen el proceso constituyente oficialista.
La consulta, que ya ha sido calificada de ilegal por el jefe del Estado, preguntará también a los venezolanos si quieren la continuidad del actual Gobierno y además cuestionará por el papel de las fuerzas armadas en “la restitución del orden constitucional”.
Las constantes apelaciones de diputados antichavistas a los militares para que dejen de cumplir órdenes gubernamentales han llevado al oficialismo a denunciar los “llamados al golpe” del poder Legislativo, al que culpa también de instigar ataques a bases militares y fuerzas del orden durante las marchas opositoras.
Uno de los episodios más gráficos de este choque frontal de poderes se vivió el pasado miércoles, cuando el vicepresidente del Gobierno, Tareck El Aissami, se presentó rodeado de generales a la Asamblea para conmemorar los 206 años de la independencia de Venezuela de España.
En su breve alocución, El Aissami se refirió al Parlamento como un poder “secuestrado” por una oposición a la que llamó traidora, y animó al “pueblo de pie” revolucionario a acudir a la Asamblea para “reivindicar” a los mártires frente a quienes “pretenden entregar la patria a los intereses oscuros del imperialismo”.
Poco después, decenas de simpatizantes chavistas armados con palos y artefactos pirotécnicos entraban por la fuerza en los salones del Palacio Federal Legislativo y golpeaban y robaban a diputados, periodistas y funcionarios presentes.
Al menos siete legisladores resultaron heridos en un ataque condenado por numerosos gobiernos y organismos internacionales, del que la oposición responsabiliza directamente a Maduro.
A la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo se suma el poder Judicial, cuyo máximo órgano, el Supremo, se mantiene fiel al Gobierno y ha sido duramente criticado por los opositores por su supuesta sumisión al oficialismo.
Con dos sentencias después revocadas parcialmente, el alto tribunal levantaba en marzo la inmunidad de los diputados y asumía las competencias del Parlamento, del que los jueces dictaron que está “en desacato”.
La decisión prendió el 1 de abril la mecha de las protestas, y supuso la ruptura con el oficialismo de la fiscal general, la chavista Luisa Ortega Díaz, que denunció el atropello constitucional que, a su juicio, suponían las sentencias y se convirtió en la voz institucional fuera del Parlamento más vehemente contra Maduro.
Agasajada en el Parlamento y tachada de traidora por el Gobierno, Ortega ha alzado la voz contra lo que ve como abusos por parte de las fuerzas del orden durante las marchas opositoras, y ha llamado a declarar como imputados a dos altos mandos del Ejército y la inteligencia por su papel en la “represión”.
La fiscal ha atribuido a funcionarios policiales y militares la muerte de 23 personas durante las protestas, y no ha dudado en hablar de Venezuela como un “estado policial” en el que se practica “terrorismo de Estado”.
Algunos de estos posicionamientos, y su impugnación del nombramiento de 33 jueces del Supremo al poner en duda su legitimidad, le han valido una denuncia de un diputado oficialista ante este tribunal que, a la espera de decidir si hay motivos para enjuiciarla, le ha congelado las cuentas y le ha prohibido salir del país.
Ahondando en la brecha entre instituciones, esta funcionaria pública que se caracterizó hasta hace poco por su férreo compromiso con el oficialismo chavista no compareció esta semana en la vista de su antejuicio, y se ha declarado ella también en rebeldía ante un Supremo cuyas sentencias ya no reconoce.
