Hubo un tiempo en que los presidentes paraguayos sabían leer sus discursos, e incluso escribirlos.
Hoy no lo saben, y sus improvisaciones son poco afortunadas. “Usen y abusen del Paraguay”, dijo Horacio Cartes a un grupo de inversionistas extranjeros. Después se aclaró que no había querido decir lo que dijo, y debemos aceptarlo, porque la inocencia se presume; de otro modo, sería culpable de apología del delito, según el artículo 238 del Código Penal.
Quitando el despropósito, Cartes ha sabido expresar la orientación de su gobierno, que es la de favorecer al agronegocio y desfavorecer al campesinado. Como prueba, menciono un caso: El 15 de setiembre pasado, un brasiguayo, desde un helicóptero de Yacyretá, dirigió el desalojo de 200 familias campesinas asentadas en Guahory (algunas, desde hacía 20 años). Según autoridades del Indert, los campesinos ocupaban tierras fiscales, con conocimiento del Indert. Sin embargo, se los desalojó con excesiva violencia, con robo y destrucción de sus bienes. El propósito fue dejar esas tierras en poder de brasiguayos que las codiciaban. El jefe de los brasiguayos, el del helicóptero, agradeció a Cartes por el desalojo. ¿No es esto usar y abusar del Paraguay?
Un solo caso no basta, me objetarán. Entonces menciono otro: Marina Cué. La represión, con muerte y tortura de campesinos, fue en el 2012, pero la condena de los campesinos criminalizados es reciente, y favorece a la ganadera Campos Morombí, que no tenía ni tiene títulos para reclamar el campo ocupado por ella, que pertenece al Indert, y de donde desalojaron a los campesinos por pedido del latifundista. Otro caso más: Laterza Cué, terreno ocupado por campesinos desde hace 40 años, y donde han construido dos escuelas y una iglesia. Vendido ilegalmente a colonos brasileños, el lugar fue intervenido brutalmente por la Policía, que expulsó a los agricultores paraguayos. En estos y en otros casos, el trasfondo es el mismo: el acaparamiento de la tierra, un hecho alarmante que se da a nivel internacional, y ha sido deplorado por las Naciones Unidas y el Banco Mundial. Existen diferencias nacionales: en algunos países se restringe el acaparamiento de la tierra; en otros, hay que pagar mucho por ella; en otros, basta con ocuparla en forma ilícita. Por eso es tan fácil usar y abusar del Paraguay.
¿Hasta dónde se abusa de nuestro país? Para comprenderlo, recomiendo leer el libro de Abel Areco y Marielle Palau, Judicialización y violencia contra la lucha campesina, publicado en agosto pasado por Base IS, con apoyo de Misereor. Como otros libros de Base IS, este puede conseguirse gratis en el local de la oenegé (Ayolas 807 esquina Humaitá).
El tema central del libro es la criminalización de las reivindicaciones campesinas. Criminalizar –como explica el penalista e investigador Juan Martens en el prólogo– es tratar como si fuera ilícito un acto lícito; por ejemplo, reclamar lo permitido, e incluso exigido por la Constitución, como la reforma agraria (artículo 114), o a la salud (artículo 68), a la salud amenazada por agrotóxicos.
Los casos de criminalización presentados son 43, ocurridos entre agosto del 2013 y agosto del 2016; en estos tres años de Cartes. Si él no quiso decir que se abusara, así se lo entendió.
