Los reportes del Ministerio de Hacienda indican que en los últimos 10 años las gobernaciones y municipalidades han sido las instituciones públicas que más se han beneficiado con el aumento de los recursos públicos provenientes de royalties y compensaciones.
A estos recursos hay que agregarles los propios de los municipios, como el impuesto inmobiliario, monto que está muy por debajo de la potencialidad recaudatoria, debido a que a las autoridades locales les es mas fácil recibir recursos del Gobierno central que hacer el esfuerzo de recaudar.
A pesar de estos importantes fondos, la ciudadanía que habita cada uno de los distritos y departamentos del país ve pocos resultados, pero además constantemente es testigo de casos de corrupción. Los más publicitados recientemente han sido los techos que se caen y los almuerzos escolares de mala calidad o que no llegan.
Este conjunto de problemas tienen origen en el inadecuado marco legal vigente y en la impunidad de que gozan las autoridades locales y departamentales. Es decir, los tres poderes del Estado tienen responsabilidad en la mala gestión de los recursos públicos en las gobernaciones y municipalidades. El actual marco legal no garantiza un sistema de incentivos adecuados para impulsar eficiencia, eficacia y equidad. Los incentivos tampoco garantizan la adecuada coordinación entre los objetivos nacionales y los objetivos territoriales.
Un ejemplo claro es el de la vivienda. Los gobiernos departamentales y municipales tienen amplias competencias en el área; sin embargo, es el Gobierno central el que dedica cada vez más recursos a la política habitacional. De igual modo se puede hacer referencia a la política social o a la agropecuaria, ámbitos en que estos gobiernos tienen poco o nada de impacto, a pesar de los recursos y las competencias con que cuentan.
Al contrario, el prebendarismo y los negocios de las autoridades locales de turno han contribuido a la construcción de escuelas, establecimientos de salud y pozos de agua que no se necesitaban o de mala calidad.
Las normas de contrataciones públicas tampoco ayudan, especialmente en el caso de las municipalidades que no cuentan con mecanismos para que la ciudadanía haga seguimiento de las compras públicas. Esto afecta a la transparencia de la gestión.
Los informes proporcionados al Ministerio de Hacienda por parte de las gobernaciones y municipalidades tampoco proporcionan información relevante ni siquiera sobre los recursos que esta institución les transfiere.
La corrupción derivada de la impunidad judicial se suma a la gestión deficiente, dando lugar a una situación que desde cualquier perspectiva no favorece resultados positivos para la ciudadanía. Es urgente que el país debata sobre los mecanismos necesarios para mejorar la gestión departamental y municipal. Esto incluye a la ciudadanía y a los tres poderes del Estado.
