La misma fue convocada para las 14.00 horas y, tras varios aplazos, el proyecto volverá a tratarse, aunque hay resistencia.
“Tal vez sea la última oportunidad en la que podamos soñar con una media sanción en la cámara y que luego el Senado le dé rápido trámite y se apruebe la ley para las próximas elecciones”, dijo el diputado Jorge Ávalos Mariño, uno de los proyectistas.
Los plazos establecen que la ley debe quedar firme antes del 21 de agosto, cuando se llame a elecciones generales para el 22 de abril del 2018.
El documento cuenta con dictamen de la Comisión de Narcotráfico, presidida anteriormente por el diputado Éber Ovelar.
Este órgano asesor está de acuerdo con incluir en el control del dinero que se use en campañas a la Seprelad y a la Contraloría General de la República (CGR). Hasta ahora solo la Justicia Electoral debe controlar el origen de los fondos políticos.
A su vez, un dictamen anterior abogaba por que la ley actual sea modificada en lo que refiere al aporte en las campañas políticas. La versión original habla de hasta 5.000 jornales mínimos por aportante, mientras que una de las comisiones asesoras había aprobado que aumente a 7.000 jornales mínimos por aportante; es decir, a G. 550 millones, aproximadamente. La bancada cartista, en una oportunidad, incluso tentó con aprobar un aumento por aportante de hasta 50.000 jornales, o sea, G. 3.925.400.000, lo que no prosperó.
