Los senadores aprobaron durante la sesión ordinaria de este jueves el proyecto de ley que expropia 14.404 hectáreas de tierras a favor del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), para la posterior adjudicación a la comunidad indígena Sawhoyamaxa. Las mismas están ubicadas en el departamento de Presidente Hayes.
El inmueble está actualmente en manos del ciudadano alemán Heribert Roedel, condenado en su país desde la década de 1980 por estafar a inversores alemanes con un esquema de venta fraudulenta de tierras en Paraguay.
El proyecto ya contaba con dictámenes favorables de las comisiones de Reforma Agraria, Presupuesto y Hacienda de la Cámara Alta.
Durante la sesión ordinaria, varios legisladores defendieron los derechos de los pueblos originarios y resaltaron la necesidad de aprobar el proyecto de ley para reparar un daño histórico, producido a las comunidades indígenas.
La senadora liberal Blanca Fonseca mencionó que la bancada del PLRA apoyaba por unanimidad la aprobación del proyecto.
Dijo que se debía poner fin a muchos años de discriminación y violación de los derechos de los pueblos originarios. También hizo referencia a que se cumpliría con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Su colega del Frente Guasu, Carlos Filizzola, criticó las peripecias que debieron sufrir los nativos durante 20 años con la reivindicación de esas tierras que ancestralmente les pertenece y lamentó que una Corte internacional nuevamente debió emitir una sentencia para obligar al Estado paraguayo a cumplir con los tratados internacionales sobre derechos ancestrales.
Adelantó que el bloque de izquierda estaba a favor de hacer justicia con “uno de los sectores más discriminados”.
El senador de Avanza País, Miguel López Perito, valoró la posición mayoritaria de los legisladores para acompañar el proyecto, porque de esta forma se estaría reparando un daño histórico causado a la comunidad indígena, que incluso tiene establecidos sus derechos antes de la Constitución Nacional.
El oviedista José Manuel Bóbeda también apoyó la reivindicación de los indígenas argumentando que en la Carta Magna habla claramente sobre los derechos indígenas y que fueron explotados por las personas que compraron esas tierras.
El Unace acompañó la aprobación del proyecto, mientras que el colorado Luis Alberto Castiglioni dijo que apoyar la expropiación de las tierras tiene una profunda connotación moral y ética, que va más allá del cumplimiento de los acuerdos internacionales.
Antecedentes
Unas 150 familias nativas reclaman el título de propiedad de las tierras ubicadas en el km 370 de la ruta Coronel Rafael Franco, que va de Concepción a Pozo Colorado. La propiedad está dividida por la ruta, por un lado se encuentran más de 11.000 hectáreas y, por el otro, alrededor de 3.000.
Desde el 2006, el Estado enfrenta una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que lo obliga a restituir sus tierras a la comunidad indígena.
El Estado tenía 3 años de plazo para devolver esas tierras, sin embargo, aún no se solucionó el conflicto. Entre los gobiernos de Fernando Lugo y Federico Franco se intentó negociar la compra de las tierras, pero no se llegó a un acuerdo.
Al acabarse todas las instancias, el Estado solicitó la expropiación de las 14.404 hectáreas, pero, ante tantos años de espera, los Sawhoyamaxa decidieron recuperar sus tierras desde agosto del año pasado.
La sentencia de la Corte contempla 14 puntos, además de la devolución de las tierras, asistencia en materia de salud y educación. Establece que una vez que se restituya la propiedad, la comunidad debe recibir USD 980.000 para proyectos de desarrollo para posteriormente poder sostenerse en forma independiente.
