Raúl Sánchez Costa - EFE
El centro público que investiga los crímenes del comunismo ha presentado recientemente una denuncia por las pésimas condiciones de los menores internados en los hospitales de Cighid, Pastraveni y Sighetu Marmatiei, situados en zonas poco pobladas y alejados de las ciudades, y anuncia más en los próximos meses.
“Solamente hemos indagado en tres de los 26 hospitales que existieron, por lo que creemos que el número real de víctimas, tanto mortales como supervivientes, puede superar la aterradora cifra de 10.000 menores”, explica a Efe Florin Soare, historiador del Instituto de los Crímenes del Comunismo (IICCMER).
La denuncia va dirigida contra un centenar de personas, desde directores y enfermeros hasta responsables políticos que permitieron esa situación entre 1966 y 1989.
El régimen comunista, según el IICCMER, dividía a los niños tutelados con enfermedades en tres categorías: recuperables, parcialmente recuperables e irrecuperables. Estos últimos eran aquellos con mayor grado de discapacitados y los enfermos crónicos.
A los jóvenes de las dos primeras categorías se les aseguraba comida, ropa y calefacción; los de la última, por el contrario, fueron “víctimas de un genocidio”, sostiene Soare.
En la investigación abierta por la Fiscalía no hay indicios de un plan para eliminar a menores con discapacidad, pero sí de negligencia y maltrato, y en esa línea van las pesquisas.
La mala alimentación unida a unas pésimas condiciones higiénicas, la falta de asistencia médica adecuada y el total aislamiento del exterior eran el día a día de los menores en estos hospicios.
“Solo en mi institución casi todos los niños -unos 350 por año- enfermaban física y psíquicamente”, explicó a Efe Izidor Ruckel, la única persona que ha contado de forma pública su calvario.
Muchas de las víctimas no quieren volver a recordar esa parte de su vida o denuncian la situación solo de forma anónima.
En 1980, cuando nació Ruckel, el aborto llevaba prohibido 14 años. El dictador Nicolae Ceausescu lo ilegalizó en 1966, apenas un año después de llegar al poder, con la idea de aumentar la natalidad.
Ceausescu, que restringió el acceso a contraceptivos, llegó a decir que el feto era una “propiedad de la sociedad” y calificó a quienes no tenían hijos de “desertores”.
Tras prohibirse el aborto se dispararon los abandonos, especialmente de menores con problemas físicos, y el propio Estado arrebató la tutela en muchos casos aduciendo que los menores discapacitados recibirían mejor trato en estos centros.
“Los niños medicados en vez de curarse empeoraban o, incluso, en muchos casos la fuerte medicación les causó la muerte”, explica Ruckel, que estuvo internado en el centro de Sighetu Marmatiei, que recuerda como “un campo de exterminio”.
El mal estado de las medicinas o las grandes dosis que le hacían tomar para tener a los menores en un estado de letargo le provocaba náuseas y grandes dolores.
Tras tomar los medicamentos, recuerda, “vomitaba y me dolía muchísimo la cabeza, además me dejaban en la cama durante horas”.
Ruckel, internado con tan solo tres años tras un tratamiento inadecuado en un hospital que le dejó una discapacidad en una pierna, relata que los cuidadores bañaban a tres o cuatro niños al mismo tiempo en pequeñas bañeras con agua fría y sucia.
Entre otras situaciones degradantes, recuerda que a los niños que querían ir al servicio durante la comida los obligaban a hacer sus necesidades a la vista de todos en una esquina del comedor utilizando su propio plato como recipiente.
“No nos dieron ninguna educación, nos trataron como si fuéramos incapaces de hacer nada. Recuerdo que uno de los niños se golpeaba la cabeza contra la pared y lo ataban a la cama o le ponían una camisa de fuerza”, rememora Ruckel.
Además el maltrato era continuo: “Recibí una paliza de muerte de una enfermera, la que más golpeaba a los niños, por no haber logrado que mis compañeros estuvieran tranquilos mientras los vigilaba; pensé que me iba a matar”.
Ruckel confiesa que debido a las penalidades que vivió le costó acostumbrarse a su nueva vida en los Estados Unidos tras ser adoptado en 1991.
En 2001 conoció a sus padres biológicos y supo que no había nacido con una discapacidad, como creía hasta entonces, y que el régimen comunista les quitó la tutela para internarlo.
“Una discapacidad era una vergüenza por aquel entonces”, afirma Ruckel, porque, según el régimen, impedía trabajar y ser productivo.
Catalin Constantinescu, consejero jurídico de la IICCMER, confía en que la investigación de la Fiscalía esclarezca este oscuro capítulo y que los responsables sean condenados.
“También tenemos la esperanza de que más víctimas se querellen contra ellos (los supuestos responsables) conforme vayan saliendo a la luz nuevas informaciones”, confió Constantinescu.
