EFE
Agentes del Batallón de Operaciones Especiales (Bope) y de la Policía de choque entraron a última hora de la tarde con un carro blindado en los patios y los pabellones de la cárcel, en la que el pasado sábado fueron asesinados 26 reos en el enésimo enfrentamiento entre bandas rivales en penales desde que comenzó el año.
“Rio Grande do Norte es una de las bombas de relojería que tenemos esparcidas por todo Brasil. Era una tragedia ya anunciada”, dijo el presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), Claudio Lamachia.
Desde la masacre, los presos de las dos facciones enfrentadas, el Primer Comando de la Capital (PCC) y el Sindicato del Crimen (SDC), se amotinaron varias veces hasta tomar el control de algunas partes de la cárcel, donde se instaló una frágil barricada en el patio para evitar un nuevo enfrentamiento entre ambas bandas, que finalmente se produjo hoy.
Un grupo derribó la barrera e internos de ambos lados comenzaron una batalla campal, con lanzamiento de piedras y otros objetos, mientras la Policía intentaba contener la situación arrojando desde las casetas de control gases lacrimógenos y pelotas de goma.
Las autoridades no han confirmado hasta el momento el número de víctimas tras este suceso, ni tampoco si han muerto presos tras la intervención del penal por parte de la Policía especializada.
De poco sirvió para rebajar el clima de tensión la transferencia de unos 200 presos supuestamente vinculados con el SDC realizada este miércoles, con la que el Gobierno estatal esperaba retomar el control de la unidad.
El propio gobernador del estado de Río Grande do Norte, Robinson Faria, reconoció después de esta nueva revuelta que la situación estaba “fuera de control”.
Desde que comenzó 2017, Brasil atraviesa una de las peores crisis carcelarias de su historia con más de 130 presos asesinados en diferentes cárceles de Amazonas, Roraima y Río Grande do Norte por disputas entre bandas, que se suman a los habituales problemas de hacinamiento y las pésimas condiciones del sistema penitenciario.
“El Estado está fallando siempre, permanentemente. Hace mucho tiempo que estamos denunciando todo esto. No teníamos que haber llegado a donde hemos llegado”, comentaba Lamachia, quien apostó por disminuir el tamaño de las prisiones para “reducir el espectro de actuación” de los grupos criminales.
En su opinión, la Penitenciaria Estatal de Alcaçuz “podría dividirse hasta en cuatro” unidades regionales y “seguramente habría un riesgo mucho menor” porque “una cárcel de ese tamaño favorece al dominio por parte de las facciones criminales”.
Alcaçuz es uno de los muchos ejemplos de cárcel brasileña prototipo donde la inseguridad, la corrupción y el hacinamiento son el patrón, un caldo de cultivo idóneo para “alimentar constantemente” las filas de estos grupos, según Lamachia.
Desde 2015 Alcaçuz tiene varias celdas sin puertas por un motín que tuvo lugar ese año y alberga a 1.083 internos cuando solo tiene capacidad para 620, según datos de la Secretaría de Justicia y Ciudadanía de Rio Grande do Norte.
“En 2015 la prisión quedó en una situación pésima, con mucha inseguridad y esa situación empeoró bastante a partir de las masacres de Amazonas y Roraima. La gente estaba temerosa. No hubo tiempo para tomar medidas preventivas para resolver la situación”, declaró a Radio Estadao el procurador estatal de Justicia, Rinaldo Reis.
Reis desveló que el Gobierno de Río Grande do Norte recibió 20 millones de reales (unos 6,25 millones de dólares) años atrás para “construir cárceles”, pero hasta el momento no ha utilizado esos recursos.
En paralelo al caos de Alcaçuz, la guerra entre las bandas llegó esta madrugada a las calles de varias ciudades de Río Grande do Norte, incluida su capital, Natal, con una ola de ataques a autobuses y comisarías, incendiados por encapuchados que en vídeos divulgados por las redes sociales prometieron más disturbios si no expulsan a los presos del PCC.
Para contener la violencia en las calles, el presidente de Brasil, Michel Temer, autorizó hoy el envío de las Fuerzas Armadas para reforzar la seguridad en las calles de Natal, tras recibir un pedido del gobernador Faria.
El Ministerio de Defensa anunció que enviará miembros del Ejército y de la Marina para contener una crisis penitenciaria que ya se ha trasladado a las calles y que por el momento no tiene visos de terminar.
