En el Día Internacional por la Despenalización del Aborto en América Latina y El Caribe, las paraguayas exigieron a la Comisión Nacional para el Estudio de la Reforma del Sistema Penal y al Congreso que contemplen y aprueben la despenalización, especialmente, en los casos de violación, incesto, malformaciones que derivan en inviabilidad fetal.
Las organizaciones civiles como la Coordinadora de Mujeres del Paraguay, la Federación de Mujeres del Paraguay, el Grupo Luna Nueva, y una decena más reclamaron que una postura independiente y aconfesional del Estado, porque consideran que las mujeres, especialmente, las niñas y adolescentes están expuestas por el Estado a embarazos no deseados y a condiciones que ponen en riesgo la salud y la vida de las niñas y adolescentes.
Myriam González, directora del Centro de Documentación y Estudios, resaltó que es un derecho de toda mujer a decidir ser madre o no, así como decidir cuántos hijos quiere tener o si no los quiere tener también. “Por eso, nosotros creemos que el Estado tiene que tomar medidas ante los abusos sexuales, dar protección, hacer caso a las denuncias y evitar en todos los casos los embarazos forzados porque cuando sufrís abuso sexual y te embarazás, es un embarazo forzado, no voluntario”.
En Paraguay, las cifras de abusos sexuales a niñas y adolescentes son altas y no existen estadísticas al respecto. Las comunidades indígenas no están ajenas a este flagelo, comentó Daniela Benítez, de la organización Mujeres Indígenas del Paraguay.
Para las activistas, el caso de Mainumby, la niña de once años que sufrió abuso sexual, quedó embarazada y que dio a luz un bebé, no hizo más que demostrar que “ el Estado se deja regir por fuerzas conservadoras”. Las organizaciones exigieron al Estado que se apruebe la Ley de Salud Sexual, Reproductiva y Materno Perinatal y se ofrezca a las niñas con embarazos forzados la opción de la interrupción debido al peligro de vida que implica la gestación.
