En el mes en que se recuerda el Día del Periodista hay muy poco por celebrar para quienes ejercemos esta profesión. El año pasado, la familia Cartes, propietaria del diario La Nación censuró una publicación que denunciaba la protección que recibían en Paraguay curas acusados de supuesto abuso sexual a menores.
Lo llamativo del caso es que se invirtió tiempo y dinero en la investigación para que luego se dé la orden de que ya no sea publicada. Lo triste fue que esa censura se dio el 26 de abril, fecha en que se recuerda el Día del Periodista.
Este año, indirectamente con sus acciones y decisiones gubernamentales, los periodistas de los medios de comunicación que adquirió la familia Cartes son atacados por la gente.
En un momento en que se están rebasando los límites de la razón es bueno separar las cosas. El del “Horacio Cartes empresario” del “Horacio Cartes gobernante”. La gente votó a Cartes lo hizo teniendo como base su experiencia en el campo empresarial.
Del Cartes gobernante hay que hacer una nueva separación. La de aquel que comenzó su mandato logrando un acuerdo parlamentario que permitió profundizar reformas económicas, como la Ley de Responsabilidad Fiscal (que puso freno al aumento desmedido y clientelista para los funcionarios del Estado), la reforma impositiva, la ejecución de obras públicas (más allá de las críticas por el acelerado endeudamiento del país). Y la del Cartes que se empecina en estar más tiempo en el poder violando la Constitución Nacional.
Pero todas estas acciones son personales. Estoy segura de que sus empleados –y entre ellos los periodistas de los medios que adquirió su familia– no fueron consultados si están de acuerdo o no con la reelección vía enmienda.
Por ello, intentar castigar a quienes están en la escala más baja de las decisiones del presidente de la República no es justo ni recomendable.
Son pocos los periodistas que trabajan para los medios del primer mandatario que están haciendo una abierta campaña a favor de la reelección. El resto, cumple su trabajo como cualquier empleado.
Si bien se entiende que la sociedad espera que los periodistas cumplan con valores de ética y honestidad, también se debe entender que para ello los dueños de medios deben cumplir el precepto constitucional que los obliga a respetar la postura de los comunicadores.
La línea editorial de un medio a veces dista mucho de la postura de los periodistas que trabajan para ese grupo empresarial.
Culpar a los periodistas por la postura del dueño del medio no solo no es lógico, sino peligroso. Para construir opinión pública se necesita disenso, no violencia.
