No hay mejor momento que las elecciones para graficar lo que probablemente sea el mayor cáncer del Paraguay, la razón de sus miserias y la traba principal de su progreso: El pacto de impunidad.
Desde la caída de la dictadura, la clase política de ese entonces diseñó una arquitectura institucional para superar el pasado dictatorial con separación real de poderes, instituciones para mejorar la democracia, una representatividad más real del país con la regionalización de las bancas en Diputados, para el control del dinero público, como la Contraloría, se dio un nuevo rol a la Fiscalía General, organismos de control para mejorar la Justicia como el Jurado de Magistrados y el Consejo de la Magistratura. Se instituyó la Defensoría del Pueblo, pensando tal vez que el Ombudsman venía con el chip sueco. Y así, una larga lista de nuevas instituciones que forman parte de la Constitución de 1992.
Hecha la máxima ley, había que darle vida.
En el primer quinquenio, el acuerdo político parecía ir por buen camino. El Congreso era relativamente bueno, la Corte Suprema pactada con juristas respetados, la Contraloría, la Fiscalía y las demás instituciones fueron integradas con lo mejor de cada partido político.
Hasta que empezó el proceso de descomposición con el asalto de una clase política voraz, corrupta y desvergonzada. Iniciaba la era de “los chanchos de nuestro chiquero” como definición grotesca de la cuota política: La lealtad por encima de la idoneidad, la honestidad y el honor.
El proceso de destrucción del Estado estaba en marcha. En ese copamiento de las instituciones se instituyó la corrupción y se consolidó la impunidad.
En estos jóvenes 30 años de democracia, ¿está en la cárcel un político importante?, ¿o un administrador de la cosa pública?, ¿o un magistrado que vendió su sentencia?, ¿o un empresario que evadió al fisco?
Los anales penitenciarios casi no registran la entrada de representantes de esas clases privilegiadas en sus celdas. Uno de los pocos es el caso del ex ministro de Justicia Silvio Ferreira (1999-2002),condenado por desviar fondos para los presos. Quizá sea el único caso en la historia política en la que un ministro fue denunciado por su propio compañero de partido, su sucesor en el cargo, Diego Abente. Otro caso fue el de Papi Sanabria Cantero, ex presidente de la ANR, encarcelado por corrupción.
ACUERDO TÁCITO. Oficialistas y opositores armaron una trama perfecta para el pacto de impunidad y tiene precisión de relojería. La epidemia de corrupción solo se explica por la impunidad reinante. El que roba sabe que no irá preso porque tiene el blindaje de sus colegas políticos que lo salvarán con el fiscal y el juez amigo. Y en esto no hay distinción de partidos políticos, aunque la carga más pesada la lleve la ANR por los años que está en el poder.
¿No les parece extraño que los administradores opositores “no encuentren” los desvíos de fondos o los robos directos de sus antecesores, aún cuando aquellos pertenezcan a partidos adversarios? Apenas asumen el cargo, se “olvidan” de su promesa de lucha contra la corrupción y de la eficacia en la gestión porque eso implicaría la ruptura del código del silencio u omertá, al mejor estilo de la mafia siciliana.
Otro ejemplo de pacto de impunidad es dejar las cosas como están. No denunciar las irregularidades, o si lo hacen es para el simple barullo mediático. “Vamos a hacer una auditoría y remitir los datos a la Contraloría”, dicen cuando asumen el cargo. Otro acuerdo es mantener el ejército de planilleros en las instituciones públicas: Los operadores, los hijos, los familiares, los y las amantes.
RESPONSABILIDAD CIVIL. Pero la clase política no está sola en esto. Es el blanco principal de las críticas, pero no tendría tanta impunidad si no tuviese el apoyo de la sociedad, donde tienen mayor preponderancia los gremios empresariales. La élite paraguaya es cínica, egoísta y voraz. Pretende dar cátedras todo el tiempo, pero es incapaz de contribuir más para mejorar las condiciones económicas y sociales. Están a la pesca de los beneficios del Estado, pero no quieren ceder un milímetro por ese Estado que dibujan en sus comunicados. Son pocos los que están dispuestos a ceder sus privilegios. Blinda también a los suyos cuando caen en la desgracia de la maraña judicial, con su silencio cómplice. Si Luis Saguier Blanco hubiese sido un legislador ya habría decenas de comunicados empresariales pidiendo a la Justicia su castigo.
En este pacto de impunidad están todos.
Se los ve hoy en las fotografías del “abrazo republicano”, en las alianzas coyunturales, en las listas parlamentarias, donde con impúdica desvergüenza aparecen pidiendo votos sin necesidad de disimular su prontuario y con la promesa de seguir traficando delitos.
