Torres manifestó que han solicitado todos los informes a los distintivos medios de comunicación con respecto a grabaciones, audios, imágenes, para que remitan lo acontecido el pasado 28 de marzo en la sala del Congreso.
Explicó que el Ministerio Público no puede tomar ninguna medida cautelar prohibiendo o autorizando un acto, porque eso es propio de un órgano jurisdiccional que en este caso sería un juez de primera instancia, que es la persona que tiene la facultad para ordenar la realización o no de ciertos actos.
“Lo que involucra al Ministerio Público es analizar e investigar la existencia de hechos punibles y su posterior consecuencia. Nosotros vamos a recabar informes, vamos a ver si existe un hecho punible acontecido, luego vamos a ver si ese hecho punible fue cometido por una o más personas, si son o no responsables para luego tomar la determinación correspondiente”, indicó en comunicación con la radio 780 AM.
Penas posibles
Afirmó que la usurpación de funciones públicas tiene una expectativa de pena de 3 años o multa y el atentado contra el orden constitucional tiene una pena de 5 años de prisión.
Comentó que las normas procesales establecen que si confirman la responsabilidad en la participación del hecho de una u otra persona se debe formular imputación y solicitar el desafuero al juzgado penal de garantías.
“La figura por la cual se investiga a estas personas que participaron en la sesión es la de atribuirse funciones que no le son asignadas propiamente”, acotó.
La Fiscalía solicitó un plazo de 24 horas para que se presenten todos los informes y espera que se cumpla con ese plazo, luego analizarán si son suficientes o si realizarán otras actividades investigativas como testimoniales.
“Yo quiero dejar en claro que hasta la fecha no he recibido ningún llamado de ningún sector político, la asignación se hizo a través del sistema aleatorio del Ministerio Público, somos 21 fiscales y la denuncia ingresa por escrito y el sistema informático sortea de manera aleatoria entre los 21 y me ha sido asignado a mí la causa”, explicó.
“En este caso, la directiva que recibí del fiscal general del Estado es de realizar todos los actos investigativos necesarios con la mayor celeridad posible a fin de que esto se esclarezca en la brevedad posible”, concluyó.
El hecho
El pasado martes el senador Julio César Velázquez, vicepresidente segundo de la Cámara, se autoproclamó presidente del Congreso y así se ha dado entrada al proyecto para modificar el reglamento interno del senado.
Horas después, unos 25 senadores entre luguistas, llanistas y cartitas se reunieron en la bancada del Frente Guasu y aprobaron las modificaciones de tres artículos del reglamento interno.
Todo esto se realizó sin respetar el debido proceso e ignorando la presencia en la sala de Acevedo y el senador Eduardo Petta, vicepresidente primero de la Cámara.
