Francisco Silva Durán, jefe de la División Jurídica y Asuntos Institucionales de la Dirección Nacional del Servicio Civil de Chile, al decir que “es fundamental el papel de la prensa para combatir la corrupción” no ha hecho sino ratificar una verdad que en nuestro país goza de plena vigencia.
Dado que los mecanismos de control internos de las instituciones públicas y los externos, como la Contraloría General de la República y el Ministerio Público, no funcionan con eficiencia para detectar a los corruptos y castigarlos, la labor de los medios informativos se ha constituido en el verdadero organismo a través del cual los ciudadanos participan y demuestran su descontento por el mal uso de los bienes que pertenecen a todos por pagar sus impuestos directa o indirectamente.
El caso más reciente en el que los medios de comunicación —a partir de una denuncia publicada por nuestro diario— evidenciaron su fuerza para incidir en la decisión de desalojar de sus cargos a los que se adueñan de las instituciones para usarlas en beneficio propio o de sus privilegiados, se ha dado con la Contraloría.
Si la opinión pública no hubiera conocido que una secretaria de esa institución cobraba sumas exorbitantes en concepto de horas extras ampliando incluso el lapso de duración de un día y marcando el reloj de registro de entrada y salida del personal hasta en fechas en las que estaba de vacaciones, la corrupción hubiera continuado al amparo del silencio.
Al darse a conocer los hechos irregulares, la ciudadanía que paga sus impuestos fue adquiriendo conciencia en relación al malgasto de sus aportes al Ministerio de Hacienda en concepto de impuestos. Acto seguido, por todos los medios de comunicación disponibles, hizo saber su disconformidad y exigió al Congreso que destituya a los que entonces eran el contralor Óscar Velázquez y la subcontralora Nancy Torreblanca.
La indignación ciudadana fue la que convenció a los parlamentarios dubitativos —de la Cámara de Diputados sobre todo— acerca de la necesidad de establecer un nuevo orden en la Contraloría, sometiendo a juicio político a los que, en vez de controlar el correcto uso del dinero público en las instituciones del Estado, se habían entregado a la práctica de fomentar la corrupción.
Los medios de comunicación no son jueces ni fiscales. Son, sin embargo, los espacios de la vida democrática a través de los cuales los ciudadanos se enteran de la conducta de los funcionarios a los que pagan su sueldo y expresan su censura hacia aquellos que han sido depositarios infieles de la confianza que tendrían que haber honrado con una gestión honesta y eficiente. De ese modo cumplen un rol social insustituible.
