Fue lo explicado por Filemón Paredes, dirigente de la Coordinadora Nacional Intersectorial (CNI) y secretario general de la Organización Nacional de Cañicultores. La ley referida es la denominada “Que declara en emergencia nacional la agricultura familiar campesina en todo el territorio nacional”.
“La ley que ya tenemos, tenemos que cuidar, tratar de que alcance a las personas que se merecen”, dijo. Para ello, plantean convocar a los tres poderes del Estado y a la Iglesia Católica, para verificar todo el proceso. “Queremos sentarnos con la gente del Gobierno para poder ver la aplicación. No queremos que se preste a propaganda política y que no le llegue a las personas que corresponda”, dijo.
Este encuentro con las instancias mencionadas, se solicitaría luego de que se defina el segundo proyecto de ley que reivindican, el cual es el de otorgamiento de subsidios por deudas a los campesinos. Recordemos que esta ley fue vetada por el presidente Horacio Cartes, y el lunes, a las 9.00, es la sesión extraordinaria en el Senado para aceptar o rechazar el veto.
“Nosotros pedimos a los representantes en el Senado que voten a conciencia y que rechacen el veto del presidente. Esta es una ley muy importante para la ciudadanía, no son millones de dólares como se está diciendo”, manifestó Paredes con respecto a la segunda ley, todavía por definirse.
Así también recordó que el martes pretenden participar del desfile por el aniversario de Asunción. De hecho, ayer por la mañana volvieron a ensayar en la Plaza de Armas, donde están apostados desde hace más de un mes. No obstante, ni la Municipalidad de Asunción ni el Poder Ejecutivo han respondido al pedido formal de los campesinos de participar del tradicional evento.
La ley promulgada contempla que, mediante la declaración de emergencia, se atenderán los problemas de asistencia técnica y crediticia, de acceso a servicios básicos, vivienda y tierra para las familias que se dedican a la agricultura familiar campesina en todo el territorio nacional, en un plazo de 180 días.
Así también indica que los responsables serán los ministerios e instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, en especial el MAG, el Indert, la SAS, la Senavitat, la Seam, el Senave y las entidades financiera estatales.
