Los parlamentarios insensibles a los reclamos de la ciudadanía de extirpar de la administración pública aquellos cuerpos extraños que entorpecen su normal funcionamiento son los que fortalecen a los que han transgredido las normas. Esa misma actitud de indolencia muestran cuando no nombran a los responsables principales de dos instituciones esenciales de la República: la Contraloría General y la Defensoría del Pueblo.
La falta de determinación con respecto a juicios políticos a miembros de la Corte Suprema y del TSJE forma parte del mismo paquete: los legisladores se niegan a enfrentar aquellos temas realmente importantes para el funcionamiento normal de las instituciones democráticas.
Uno de los temas pendientes en la Cámara de Diputados es el pedido de desafuero de dos de sus miembros con procesos judiciales. Uno de ellos es el del diputado colorado Óscar Núñez, quien tiene dos imputaciones que generaron sendos pedidos de desafuero por lesión de confianza al ejercer la función de gobernador de Villa Hayes. El otro es el liberal Víctor Ríos, acusado por difamación y calumnia por una empleada del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y funcionaria de la Universidad Nacional de Pilar.
La Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja dictaminó a favor del desafuero de ambos legisladores, pero el pleno aún no abordó el tema. Faltando solo dos sesiones más antes de que se inicie el receso parlamentario, es improbable que los diputados tomen una determinación acerca de los dos casos de desafuero.
En Diputados también queda pendiente el inicio del juicio político al ministro Alberto Ramírez Zambonini, ministro del TSJE, vinculado a numerosos casos de despilfarro de dinero público en funcionarios que no asisten a sus lugares de trabajo o que ingresaron solo por estar vinculados a su amigo Manuel Radice.
Si bien algunos diputados expresaron su voluntad de someter a juicio político al ministro inamovible desde 1996, la Cámara Baja todavía no adoptó la determinación de comenzar un juicio político al cuestionado magistrado.
Los senadores, en tanto, dejan sin tratamiento el tema de juicio político a miembros de la Corte Suprema cuyas gestiones fueron puestas en tela de juicio. Con esa actitud, se han negado sistemáticamente a cooperar con la renovación de la máxima instancia judicial del país.
Asimismo, el Congreso deja dos temas de suma trascendencia para la vida de la República: las designaciones del contralor y subcontralor, así como de un defensor del Pueblo y su adjunto.
Los legisladores también abusan de su poder por omisión cuando deben tomar decisiones trascendentes en el momento oportuno. Al postergar sus decisiones, juegan a favor de la impunidad e impiden que los ciudadanos tengan instituciones públicas que funcionen según las normas vigentes.
