El juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, Miguel Óscar Bajac, Sindulfo Blanco y César Garay Zuccolillo, sigue en constante postergación de su tratamiento debido a la falta de acuerdo político por la ausencia de votos necesarios para remover a los magistrados del órgano judicial.
Este jueves, miembros del directorio del Partido Liberal Radical Auténtico manifestaron su rechazo al juicio político atendiendo a que, según ellos, el proceso a los ministros afines a su nucleación no visualiza nada positivo para el partido y se trata de un mero “cambio de hombres”.
Así lo afirman en una nota difundida en la fecha y en la que también se exponen otros puntos que desean tratar. Entre ellos, el inicio del juicio político al fiscal general del estado “por su constante actuar al margen jurídico y sometiéndose única y exclusivamente a los caprichos políticos de cierto sector no afín” al PLRA.
También piden que se trate la designación del contralor general de la república y del defensor del pueblo titular y adjunto, “que aún se encuentran en stand by y con la seria y real posibilidad de perder dicho espacio político”, según los liberales.
Exigen, por otro lado, tratar la elección de miembros para el Consejo de la Magistratura y, además, hablar sobre la supuesta persecución política de paraguayos que pertenecen a este partido político.
“La Constitución Nacional solo exige la idoneidad para acceder al cargo, sin tener en cuenta sexo, raza, credo religioso o político, por lo cual se constituye una persecución política prohibida en la Constitución y en los tratados internacionales canjeados y ratificados en nuestro país”, refieren en la nota, firmada por Fernando Javier Nicora.
Proceso paralizado
El proceso de juicio político a los tres ministros de la Corte estuvo paralizado por más de un año. Se inició el 10 de diciembre de 2014, cuando la Cámara de Diputados los acusó por mal desempeño en sus funciones.
A Óscar Bajac lo acusaron por utilización de la mentira para acceder al cargo y actitud maliciosa por el caso de Fabio Rufatto, quien fue condenado a una pena de 23 años por homicidio doloso y cuya condena se redujo a 9 años por decisión del ministro.
Al ministro Sindulfo Blanco se le plantearon fallos contra la Constitución y el interés general (prevaricato), pérdida de la honorabilidad y de la dignidad y la compra-venta de tierras públicas. Además lo acusan por maniobras para impedir la intervención de la Contraloría General de la República en el control de los gastos del Poder Judicial y por ineficaz ejercicio de la función de superintendencia.
Por otra parte, la Cámara Baja acusó a Garay Zuccolillo de inoperancia y alta morosidad en su despacho.
