Carlos Aquino | San Pedro
El problema es la exposición mediática de cuatro menores de edad de la zona de Sanguina Cué, en la localidad de Lima. Estos son ofrecidos por desconocidos a la venta, cual producto en oferta.
La jueza explicó que son sujetos de derecho en un juicio determinado y remitió oficio a las líneas de telefonías para su conocimiento e informe a esta magistratura acerca de cualquier transgresión.
El caso saltó el pasado 7 de agosto último, cuando la defensoría logró rescatar a los niños, todos hermanos en situación de vulnerabilidad, quienes fueron ubicados temporalmente en el domicilio de una vecina en tanto les encuentran un hogar acogedor.
Otra vecina aprovechó esta situación y sacó fotografías a los menores y junto con un audio los difundió, ofreciéndolos para ser adoptados, argumentando que ella sabía el caso dando nombres de abogados y jueces.
El caso generó todo tipo de reacciones en redes sociales, llamadas telefónicas, mensajes de texto y una presencia masiva de interesados en el Juzgado.
El audio se emitió desde el número a nombre de María Belén Villalba, quien decía que el proceso de adopción resultaba fácil y que solamente debían acudir al Juzgado.
“En el caso concreto, además de producir un efecto dañino al publicar a niños en situación de vulnerabilidad y si bien la disposición de precautelar el derecho a la intimidad sea considerada solo para un adulto, no es obstáculo de hacer valer este derecho”, manifestó la fiscal.
Duarte emitió al Ministerio Público una resolución para iniciar un proceso penal sobre lesión a la intimidad, a la imagen o delitos informativos.
Con la decisión se sentó el precedente con el que se busca proteger el derecho a la intimidad y que se evite la morbosidad en materia de niños en situación de vulnerabilidad y la protección en la era de la tecnología por medio de esta decisión judicial, que si bien resulta difícil de controlar, implica la protección jurisdiccional para evitar un mal mayor a los niños.
