Un informe de la Auditoría General del Poder Ejecutivo, presentado el pasado 19 de setiembre, revela que 79 municipios del país se encuentran bajo observación por no haber presentado adecuadamente durante el primer, segundo y tercer cuatrimestre del 2015 la rendición del dinero que recibieron, proveniente del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), para invertir en proyectos de infraestructura en educación (50%), almuerzo escolar (30%) y el remanente en proyectos de inversión pública y desarrollo.
En el Departamento Central, más de la mitad de los municipios están en rojo, en lo que respecta a sus rendiciones del 2015, según el informe, incluyendo a destacadas comunas como las de Ñemby, Capiatá, Fernando de la Mora, Itá, Itauguá, J. Augusto Saldívar, Lambaré, Mariano Roque Alonso y Limpio. Además de municipios de importantes departamentos como Alto Paraná, donde 13 de 22 municipios están en falta, o Itapúa, donde hay 14 municipios bajo observación por no rendir cuentas adecuadamente.
Fonacide es un fondo de desarrollo creado por la Ley N° 4758, en el año 2012, en busca de asignar en forma racional y eficiente los ingresos que el país recibe en concepto de compensación por la cesión de la energía de la Itaipú Binacional al Brasil, principalmente tendiente a mejorar la educación, involucrando en la administración y ejecución del 25% de estos recursos a los municipios (que reciben el 80%) y a las gobernaciones (que reciben el 20%).
Sin embargo, desde que se inició su implementación, han sido numerosas las denuncias con respecto a intendentes y gobernadores que han incurrido en hechos de corrupción, que han desviado estos fondos, o que los han utilizado inadecuadamente, o que han incurrido en financiar construcciones de infraestructuras de mala calidad, con paredes o techos de colegios que acabaron derrumbados sobre las cabezas de los estudiantes.
Esta crítica situación obligó a modificar la Ley del Fonacide este año, introduciendo dos artículos, en donde se agregaron mayores exigencias a los municipios y gobernaciones para recibir nuevos desembolsos por parte del Ministerio de Hacienda, lo cual ayudó a reducir significativamente el número de municipios y gobernaciones en falta a la hora de rendir cuentas.
Aún así, la cantidad de los infractores es alta. La irresponsabilidad de estas autoridades municipales, al no cumplir con los requisitos exigidos, hace que se desaproveche la oportunidad de mejorar la infraestructura en educación y desarrollo en sus comunidades.
Ante esta situación, la propia ciudadanía debe involucrarse más activamente en exigir a sus autoridades locales que utilicen adecuadamente dichos fondos y que rindan cuenta a tiempo, para poder seguir disponiendo de los mismos y realizar más obras que ayuden a mejorar la educación.
