BRASIL247 y EFE
BRASILIA - BRASIL
Más de dos tercios de los brasileños desaprueban al presidente interino, Michel Temer, que es rechazado por 70% de la población, porcentaje de repudio similar al de la mandataria suspendida Dilma Rousseff (75%), mostró ayer un sondeo de la firma Ipsos publicado por O Estado de S.Paulo.
La desaprobación a Temer fue aumentando hasta 70% en la actualidad, desde 61% en febrero. El mandatario interino es mal evaluado en varios puntos de su administración, según la encuesta, entre ellos el combate al desempleo (44%), Mi Casa, Mi Vida (43%), Bolsa Familia (43%), crisis política (42%), combate a inflación (40%) y combate a la corrupción (40%).
El sondeo de Ipsos mostró que la imagen de la clase política fue diezmada por los escándalos de corrupción revelados por la Operación Lava Jato dado que todos los potenciales candidatos a presidente tienen una tasa de rechazo superior al 50%. Entre ellos están Marina Silva (56%), Aécio Neves (63%), Lula (68%), Geraldo Alckmin (55%) y José Serra (55%). En este contexto apenas aparecen con alto grado de aprobación el juez Sergio Moro, con 55%, y el ex presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa, con 42%.
PERITAJE EXCULPA A DILMA. Un informe elaborado por técnicos del Senado señala que no existen pruebas de que la suspendida presidenta Dilma Rousseff participara en las maniobras fiscales que supusieron la apertura del juicio destituyente que está siendo tramitado por la Cámara Alta, informaron fuentes oficiales. De acuerdo con el informe de 223 páginas y que fue realizado a petición de la defensa de Rousseff, la mandataria fue responsable de la emisión de una serie de decretos que alteraban los presupuestos sin la pertinente autorización del Congreso. Según una nota divulgada por el Senado, los técnicos del Senado no encontraron pruebas de que Rousseff participara en los atrasos en el pago de créditos a la banca pública, considerados por la oposición como maniobras fiscales y que, de acuerdo con la acusación, supondrían un crimen de responsabilidad, lo que podría terminar con la destitución de la jefa de Estado. Según la acusación, el Gobierno atrasó sistemáticamente el envío de recursos a los estatales Banco do Brasil, Caixa Económica Federal y Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), unas cantidades que supuestamente fueron utilizadas para pagar programas sociales en un año electoral.
