EFE
Procedente de la prisión en la que se encuentra desde que fue detenido, Báez, privado de la libertad desde el pasado 5 de abril, llegó a los tribunales de Buenos Aires a los que fue citado en medio de un fuerte dispositivo de seguridad.
Según fuentes judiciales consultadas por la agencia estatal Télam, el empresario se negó a responder preguntas y se limitó a presentar el escrito en el que negó las acusaciones en el marco de la ampliación de su indagatoria ante el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan.
En concreto, se investigan las supuestas maniobras a través de una financiera para sacar del país sumas millonarias en dólares, presuntamente originadas en el uso de facturación apócrifa para simular gastos en el marco de los contratos de obra pública con el Estado, indicó el Centro de Información Judicial (CIJ).
Las mismas fuentes detallaron a Télam que, en el documento entregado, el empresario afirmó no ser el dueño de la sociedad suiza Helvetic Services Group, que habría sido utilizada para reingresar dinero a la Argentina, destinado a cuentas de Austral Construcciones, empresa de Báez.
En una resolución dictada ayer, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal declaró “inadmisible” el recurso de casación interpuesto por la defensa de Báez, en el que se intentaba impugnar la sentencia judicial que confirmó el fallo de Casanello, quien el 18 de abril decidió procesar con prisión preventiva al empresario.
La Cámara de Casación sustentó la denegatoria del pedido de excarcelación “en la naturaleza económica del ilícito y el monto involucrado y no recuperado aún”.
“Como así también que a Báez se le imputan delitos presuntamente cometidos al amparo de las estructuras de poder en torno al Estado, destacándose las sospechas de actuación irregular por parte de funcionarios de la Dirección General Impositiva (DGI) y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac); y las amenazas denunciadas por los coimputados”, añade el CIJ.
Lázaro Báez fue estrecho colaborador del fallecido expresidente argentino Néstor Kirchner (2003-2007) y principal adjudicatario de obra pública en la sureña provincia de Santa Cruz, bastión kirchnerista.
Se trata de la misma causa por la que el fiscal Marijuan pidió investigar a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015).
El pasado 18 de abril, Casanello, además de a Báez, procesó al hijo de este, Martín, así como al contable Daniel Pérez Gadín y a los financieros César Fernández y Fabián Rossi, entre otros, al considerarlos “co-autores del delito de lavado de activos”.
En la misma resolución, el juez citó a declaración indagatoria al extitular del Fisco argentino durante el Gobierno de Fernández, Ricardo Echegaray.
Además, la pasada semana, el magistrado ordenó realizar una serie de allanamientos en las extensas propiedades de Báez en el sur del país y el fiscal Guillermo Marijuan dijo que la hipótesis más fuerte sobre el origen del patrimonio es el “sobreprecio” en las obras públicas.
La causa se inició en 2013, cuando el financiero Federico Elaskar reconoció en un programa de televisión haber sacado del país millonarios fondos de Báez a través de sociedades inscritas en Panamá, algo que luego negó ante la Justicia.
El caso volvió a tomar impulso recientemente, después de que diversos medios locales difundieran unos vídeos grabados en 2012 que muestran a varias personas contando fajos de billetes, millones de dólares, en una oficina de la financiera SGI en Buenos Aires.
