“Nos preocupa su postura respecto a este hecho. Nos genera preocupación su eventual designación. Nosotros hicimos una investigación sobre protección de los datos, sobre el proceso que hacen. Las telefonías coinciden que han entregado los metadatos sin orden judicial, muchas veces por presión de la Fiscalía. Sandra Quiñónez es una de las que considera que no es necesario pedir autorización de un juez”, dijo al diario Última Hora la directora de la organización.
Tedic (Tecnología y Comunidad) es una organización que defiende los derechos digitales en el Paraguay. La misma realizó recientemente un estudio sobre la defensa de los datos de las personas que contratan internet. El estudio concluyó en que la mayoría de las telefonías entregó alguna vez datos a la Fiscalía sin orden judicial.
La fiscal Sandra Quiñónez, durante una entrevista radial, señaló que no es necesaria una orden judicial para acceder a datos, es decir, que las telefonías deben entregarlos al Ministerio Público sin que exista un debido proceso. Argumentó que el código procesal penal le otorga esta facultad a la institución.
Para la directora de Tedic, esto constituye una abierta violación a la Constitución Nacional. “Nos preocupa que ella asuma un cargo importante y pedimos que el Congreso analice las implicancias. La violación de debidos procesos”, argumentó.
El presidente de la República, Horacio Cartes, eligió a la fiscal antisecuestro Sandra Quiñónez para ser la nueva titular del Ministerio Público. La misma debe tener el acuerdo de la Cámara de Senadores.
Antecedentes. Quiñónez se desempeñó como asistente fiscal entre 1994 y el año 2000. Desde el año 2000 hasta la actualidad ejerce como agente fiscal penal. Es egresada de la Universidad Nacional, tiene 48 años.
La posible fiscal general del Estado formó parte de la Fiscalía Antisecuestro. Investigó crímenes perpetrados por el autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). También estuvo a cargo del conocido caso de Pérez Corradi, hombre buscado por Argentina, y del crimen del comunicador Pablo Medina y Antonia Almada.
Su postura sobre el acceso a la información privada sin orden judicial fue motivo de discusión y críticas. La misma sostiene que no se requiere orden judicial para acceder a los metadatos almacenados por las empresas telefónicas.
