No solo disponen del servicio de unos 20 profesionales entre médicos, odontólogos, enfermeros y nutricionistas en la Cámara de Diputados, a quienes se les paga unos 220 millones de guaraníes al mes solo en salarios, sino que además se les provee de un seguro médico privado a 143 diputados, senadores y miembros del Parlasur, a un costo de 2.189 millones de guaraníes al año, según lo revela una serie de reportajes periodísticos que vienen publicando ÚLTIMA HORA y Telefuturo.
A quienes reclaman mayor inversión en el sector de la salud pública se les puede decir que esta constituye una gran inversión del Estado, pero para la salud privada, ya que los millonarios contratos para proveer los servicios son con conocidas empresas médicas privadas.
No se cuestiona el derecho esencial de que los funcionarios administrativos del Congreso accedan a un seguro médico, aunque lo ideal sería que compartan el mismo régimen al que están sometidos los demás trabajadores del país, en un plano de equidad. Lo que se cuestiona es que el Estado les pague a los congresistas electos un seguro médico de alta jerarquía, cuando además están percibiendo salarios y beneficios que llegan a los 37 millones de guaraníes mensuales, con los que perfectamente se pueden pagar ellos su propio seguro.
Una situación aun más privilegiada gozan los ministros de la Corte Suprema de Justicia, ya que el Poder Judicial paga a una aseguradora privada unos 2.741.250 guaraníes al mes por cada ministro, totalizando 296 millones de guaraníes al año por los 9 ministros, mientras la presidenta de la Corte tiene una remuneración mensual de 51 millones de guaraníes.
Esta situación constituye otro caso de escandaloso privilegio que se brinda a los miembros de una casta política y que no se compadece de la afligente realidad de privaciones y necesidades que sufre la gran mayoría de la población más humilde.
Mientras se denuncian reiterados casos de escasez de medicamentos y de equipos para muchos pacientes graves en los hospitales y centros de salud de todo el país, o mientras continúe la crisis en el sector de la educación, regalar tanto dinero público a los cuestionados legisladores y a los miembros de la Corte Suprema implica otra ofensa para la ciudadanía.
En una época en que se imponen las exigencias de austeridad y del uso racional de los recursos del Estado, urge que las máximas autoridades analicen mejor esta situación y dispongan las medidas correctivas más adecuadas, para evitar seguir despilfarrando el dinero público de manera tan escandalosa. Ya existen muchas razones de indignación ciudadana ante los abusos de la claque política. Es el momento de ir reduciendo privilegios y ponerse más cerca de lo que realmente siente el pueblo.
