La propuesta fue presentada por el doctor Aníbal Manuel de los Ríos Bogado, consejero en representación del Ministerio de Salud Pública (MSP), durante la última sesión del Consejo de Administración. El doctor de los Ríos estuvo como jefe de Traumatología cuando sucedió la polémica amputación errónea a Ramón Samudio que ocurrió el 9 de julio del 2022. El tema pasó para un estudio y para definir un reglamento en cada caso.
Ante el anuncio de la intención de reflotar el examen admisional tanto asegurados como jubilados consideran la medida como una tremenda barbaridad o como acciones que lo único que pretenden es perjudicar al trabajador.
POSICIONAMIENTOS. “Es una tremenda barbaridad que para que un trabajador sea admitido al IPS dependa de un examen de estado de salud”, dijo la jubilada Magda Riveros.
Añadió que esta “barbaridad” viola los principios de la seguridad social, la Carta Orgánica del IPS, la Constitución y hasta los principios de los derechos. “No es un seguro privado el IPS. ¿Por el hecho que aporta la patronal nomás es privada? No. Por lo tanto, no pueden manejar como si fuera una empresa privada. Entonces es una tremenda violación de una cantidad de esas normas que te cite”.
Para Magda Riveros, las autoridades del IPS tienen un vínculo con el cartismo y por ello tienen un manejo empresarial. “Un esquema como si fuera una empresa privada, con estructura muy capitalista, y no es una empresa privada, es una institución de seguridad social, y atiende uno de los derechos humanos fundamentales, que es el tema de la salud de los trabajadores y los jubilados”.
Por su parte, Cristina Machaín, de la Asociación de Asegurados del IPS, considera que no se justifican las medidas y solo perjudican al trabajador y que el IPS goza de buena salud financiera y superávit. “Hay mecanismos de control para evitar que entren personas por la ventana. Aparte, es cierto, que el 2% de las personas con enfermedades catastróficas llevan aproximadamente 90% del Fondo de Salud. ¿Pero eso por qué es? Porque entran personas que no son aseguradas, entran a través de amparos judiciales a ser atendidas sus enfermedades catastróficas”.
Machaín recomendó al IPS que planifique medidas para el cobro de la deuda del Estado, que combata la evasión del 60% del aporte patronal y que cobre a los patrones morosos como otras maneras de recaudar.
Eduardo Ojeda, vocero de la Corriente Sindical Clasista, se posicionó en contra del Gobierno de Santiago Peña y lo acusó de ser responsable de la política agresiva contra las conquistas y derechos de los trabajadores. “Se ha tomado como una de las decisiones políticas de parte del Gobierno de quitar derechos de los trabajadores a fin de beneficiarse una minoría, que es la privatización del sistema jubilatorio”.
