Algunos políticos, lejos de toda ética y responsabilidad para contribuir desde su tarea legislativa con el avance de nuestro país, continúan empecinados en perseguir lo que se hace bien en las instituciones públicas. Por lo general, no exhiben esa misma actitud cuando de corregir errores, atacar la corrupción y rectificar rumbos se trata.
En esa perspectiva hay que encuadrar la conducta de aquellos diputados que están analizando cómo modificar artículos de la Ley de Educación Superior para restarle poder al Consejo Nacional de Educación Superior (Cones). La maquinaria modificatoria ha empezado a girar según confirmó el diputado Víctor Ríos, ex ministro de Educación y Cultura, rector de la Universidad de Pilar, por lo tanto juez y parte en el asunto. El argumento que enmascara el atropello es dar mayor potestad a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).
A nadie escapa que lo poco que hizo el Cones –y lo hizo bien–, a pesar de las presiones y su precariedad de recursos económicos para trabajar, molesta a cierta clase política históricamente confabulada con el retroceso, la mediocridad y la falta de escrúpulos. Esa y otra son las causas de la maquinación en marcha.
El cierre de 14 carreras de la Universidad Autónoma del Sur (Unasur) por no cumplir en dos años las exigencias que le fueron impuestas para adecuarse a las normas técnicas requeridas les viene como anillo al dedo a los retardatarios que salen a favor de la titulación de la ignorancia y no de la excelencia educativa.
Es evidente que esos parlamentarios son la continuidad histórica de los legisladores que abrieron en la década de 1990 el grifo de la estafa a los estudiantes, al permitir que se abrieran a mansalva universidades “de garaje” y altillos sin ninguna calidad que les permitiera ser profesionales eficientes.
A los que hoy articulan una nueva conspiración contra la educación superior no se los podrá frenar. Sabiendo la lógica con que operan, lo previsible es que en poco tiempo más van a presentar su proyecto de modificación en la Cámara Baja.
Los que apuestan a los intereses de la República y no quieren ser cómplices de un nuevo abuso de poder y un atentado contra el avance hacia la modernidad tienen dos vías a recorrer cuando la iniciativa llegue al seno del plenario. Una de ellas, la más simple, es rechazarla. La otra es darle entrada y trámite revirtiendo su contenido y otorgándoles mayores recursos económicos y potestades al Cones y a la Aneaes para que aceleren el proceso de limpieza de la podredumbre instalada.
De ese modo, el país les estará agradecido porque respaldarán y consolidarán el corto y sinuoso camino recorrido para acceder a un bien inapreciable para su desarrollo: la calidad de la educación universitaria.
