Esto implicó un extraordinario crecimiento de la matrícula educativa, es decir, la cantidad de personas que no estaban dentro del sistema y que se fueron incorporando.
Fue algo sumamente positivo, sin duda alguna, pero al carecer de una planificación seria que apuntara a crear en el mediano y largo plazo capacidades y competencias dentro del sistema para validar semejante crecimiento, la calidad de la educación se vio seriamente afectada.
Además, la vulnerabilidad del sistema educativo permitió que lo peor de nuestra práctica política hiciera de las suyas y se degradaron instituciones claves para el sistema en su conjunto, tales como los centros de formación docente y los institutos superiores de enseñanza, incluyendo las universidades. En efecto, estas fueron prácticamente cooptadas por muchos políticos que vieron una oportunidad enorme de capturar renta y clientela política, con terribles consecuencias para toda la sociedad.
Lo que estamos viendo en estos días a través de investigaciones periodísticas, con relación a institutos superiores que vendían títulos habilitantes sin necesidad de cursar siquiera los estudios, es probablemente la parte más oscura y verdaderamente criminal de un sistema viciado.
Si profundizamos en el tema, veríamos muchas áreas grises de tantos otros centros de enseñanza superior y universidades con serios déficits de calidad que, en realidad, nunca debieron haber recibido la habilitación para operar como tales.
¡Cómo hemos degradado la palabra “universidad” en nuestro país! Y en esto hay una gran responsabilidad de la clase política que ha venido aprobando la apertura de universidades de todo tipo sin las condiciones mínimas que se requieren. La reacción de las autoridades en términos generales es aún tibia, pues más allá de estos sonados casos que obviamente exigen una intervención directa, existen muchos intereses en juego que serán afectados cuando se tomen las cosas en serio.
De hecho, el recientemente creado Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) no cuenta aún con un presupuesto propio, a pesar de las importantes funciones que le establece la ley para velar justamente por la calidad de la enseñanza superior. Un indicador claro de la importancia política que tiene este tema.
Pero es importante destacar que ante estas cuestiones oscuras, también existen grupos y organizaciones que se animan a apostar por algo diferente, buscando retomar justamente la idea de excelencia y calidad que siempre debe acompañar al mundo universitario.
La Unión Industrial Paraguaya, por ejemplo, ha hecho una apuesta fuerte y decidida con la creación de la Universidad Paraguayo-Alemana (UPA), lanzando al mercado una oferta educativa con altos niveles de exigencia y calidad, y en el marco de una alianza estratégica con un centro de excelencia de Alemania.
La Universidad San Ignacio de Loyola, una prestigiosa institución peruana con importantes redes a nivel internacional, también se une a un grupo local de gente apasionada por la educación para iniciar en el 2015 una universidad que también apunta a los más altos estándares internacionales. También existen otras universidades más antiguas que están haciendo un gran esfuerzo por adecuar sus programas de estudio, acreditarse como corresponde y ofertar mayor calidad.
Nuestra joven población se merece una oferta de calidad en materia de educación superior y debemos protegerlos de instituciones farsantes que forman parte de un verdadero mecanismo de estafa colectiva.
Ataquemos esta grave deficiencia del Paraguay creando oportunidades como las mencionadas, pero también exigiendo a las autoridades que cumplan con su papel protegiendo a los jóvenes de los traficantes de ilusiones.
