“No se va a tratar el caso hasta que se llegue a una mesa de diálogo y se tenga la certeza absoluta de que no habrá afectados”, informó a los medios de prensa la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, este miércoles, a la salida de la reunión que mantuvo con Alliana en su despacho.
Quiñónez y el fiscal adjunto Ricardo Merlo se reunieron con el presidente de la Cámara Baja para frenar el tratamiento del proyecto de modificación de Ley de Tasas Judiciales, que ya cuenta con media sanción en el Senado.
Ambos fiscales explicaron al legislador que de sacarles los ingresos por tasas judiciales se tendrían que suspender varios servicios, tanto de psicología como de clínica forense, se tendrían que reducir las unidades fiscales a una por Departamento y tampoco habría presupuesto para insumos.
Más temprano, funcionarios del Ministerio Público se manifestaron frente a la Fiscalía y luego marcharon hasta el Congreso, en contra del proyecto de modificación.
Desde la CSJ exigen que los ingresos en concepto de tasas judiciales ya no sean repartidos con el Ministerio Público, argumentando que esos fondos le corresponden en su totalidad.
