BUENOS AIRES - ARGENTINA
La ex presidenta de Argentina Cristina Fernández fue de nuevo convocada por un juez y deberá declarar como imputada por presunto lavado de dinero y cohecho en una causa que investiga supuestos negocios irregulares con empresarios de la obra pública a través de la empresa familiar Los Sauces.
Según confirmaron a Efe fuentes jurídicas, el magistrado federal Claudio Bonadio citó hoy, además de a Fernández –que deberá presentarse en los juzgados el 7 de marzo–, a sus hijos Máximo y Florencia Kirchner, y a los empresarios ligados al kirchnerismo, contratistas del Estado, Cristóbal López y a Lázaro Báez, ya detenido como acusado en otra causa por lavado de activos.
“Como siempre lo hizo, va a presentarse en la Justicia. No tiene ningún inconveniente, obviamente que sostenemos la inocencia de ella, de sus hijos y de la familia de la ex presidenta, no solamente en esta causa, sino también en las demás”, explicó Gregorio Dalbón, uno de los abogados de Fernández. La causa conocida como Los Sauces surgió en abril del 2016 tras una denuncia de la diputada de centro izquierda Margarita Stolbizer contra la viuda del también ex presidente Néstor Kirchner, así como los hijos de ambos.
En su demanda, la legisladora les acusaba de falsificación de documentos públicos, cohecho y lavado de dinero relacionados con supuestas transacciones ilícitas con López y Báez.
Stolbizer cree que pudo utilizarse la empresa, dedicada al alquiler de inmuebles y conformada en 2006 por el matrimonio presidencial y su primogénito, para recibir, mediante arrendamientos de esas propiedades, transferencias millonarias de parte de esos empresarios, que previamente recibieron adjudicaciones de obras con sobreprecios.
El fiscal Carlos Rívolo hizo lugar a esa denuncia de Stolbizer y pidió investigar como imputada a la ex presidenta, por lo que ahora decidió convocarla el juez, quien una vez le haya tomado declaración decidirá si dicta su procesamiento, es decir, si abre un proceso penal contra ella que desemboque en la apertura de un juicio oral.
Entre las medidas dispuestas en este tiempo, Bonadio ordenó varios allanamientos, intervenir la sociedad, tasar todas sus propiedades y pedir a la Justicia de EEUU información sobre una cuenta bancaria que perteneció a Kirchner.
