Para financiar la campaña política de las elecciones municipales del año pasado, solamente entre el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) y el partido Unión Nacional de Ciudadanos Éticos (Unace) hay casi G. 15.000 millones en bonos emitidos y vendidos a terceros cuya identidad se desconoce, pese a que la ley prohíbe los aportes anónimos.
Esto implica que cualquier persona involucrada o financiada por el crimen organizado puede realizar aportes a las campañas electorales de candidatos e incluso luego lucrar con los pagos de intereses de los mismos bonos.
rendiciones. Conforme a lo establecido en el artículo 281 de la Ley Nº 4743/12 “Que Regula el Financiamiento Político”, los partidos y movimientos presentaron sus informes de gastos e ingresos de la campaña electoral hasta 40 días luego de finalizados los comicios municipales de noviembre del año pasado.
Los informes debían contar con un anexo acerca de las contribuciones o donaciones recibidas para su financiamiento con indicación de su origen y monto.
Siguiendo lo que indica el mencionado artículo, la Justicia Electoral corrió vista a la Contraloría por 60 días para que realice una auditoría de la rendición final de los partidos políticos.
La CGR, a su vez, corrió traslado por 10 días a los partidos para que efectúen sus aclaraciones a las observaciones que le realice la Contraloría sobre puntos no cumplidos en sus informes, según lo establecido en la ley.
Sin embargo, pese a que los informes de partidos como el PLRA y el Unace no revelaron quiénes compraron sus bonos por millonarios montos, violando el artículo 282 que prohíbe las contribuciones o donaciones anónimas, la Contraloría no llamó la atención sobre estos puntos.
Según datos brindados por la Dirección de Comunicación de la Contraloría, la responsable de los exámenes es la directora general de Control de la Administración Central, Tatiana Miño, con quien ÚH intentó hablar sin éxito y quedó a la espera de la devolución del llamado telefónico.
