Votaron por la aprobación de la intervención a la Municipalidad de Lambaré siete concejales; seis de ellos colorados y un liberal, el concejal Daniel Molinas.
Trece puntos consideraron suficientes los ediles que reprueban la gestión de Armando Gómez (del PLRA), para iniciar el trámite para la intervención.
La más cuestionada por el titular de la Comisión de Hacienda de la Junta, Víctor Silvera, fue la presunta sobrefacturación de obra de recalce y construcción del muro del puente sobre la calle Vencedores. Supuestamente el sobrecosto asciende a la suma de G. 958.483.000.
Además dentro del detalle de acusaciones se expresa que pese a ser presupuestado el aumento del 10% del sueldo a personal, la Comuna no pagó tal beneficio desde enero a marzo.
Argumentan también “la mala utilización del rubro 8710 de transferencia de capital al sector privado”, en lo que concierne a Comisiones Vecinales y que asciende a G. 2.611 millones. Igualmente hablan de contratos por excepción (por valor de G. 3.272 millones y por vía directa (G. 1.170 millones) que fueron objetados.
El concejal Fernando Báez denunció la supuesta persecución a funcionarios. El edil dijo que durante la gestión liberal ya se despidió a 533 funcionarios, muchos de ellos con antigüedad. En contrapartida, aseguró que hallaron que la presente intendencia contrata más personal pero no se tiene evidencia documental de los mismos. “La administración municipal pagó por 6 meses sin contrato de por medio, malversando los recursos”, dijo.
Cateo. En medio de la sesión se hizo presente la fiscala Gladys González, quien ordenó el cateo por denuncias de propios concejales de que uno de ellos portaba un arma.
A su vez en la bancada liberal atacaron de absurdo el pedido contra Gómez y denunciaron persecución política. El edil Adolfo Sosa pidió a los lambareños estar atentos a una supuesta intención “de forzar la voluntad popular”. Dos colegas suyos lo siguieron y dejaron la sala. La concejal de Patria Querida, María Valenzuela, y el independiente Luis Paciello no votaron.
Trámite. El pedido de intervención pasa a instancias del Ministerio del Interior y tras su dictamen se enviará los antecedentes a la Cámara de Diputados la que finalmente resolverá o no la intervención del municipio.
