Recordó que a través de esta normativa –en la versión de la Cámara de Diputados– se eleva hasta cuatro veces más el valor fiscal de la tierra rural, que hoy está totalmente desfasado.
“Varios legisladores me llamaron y creo que hay buenas perspectivas para que esto se pueda aprobar. Necesitamos que se apruebe lo antes posible, porque desde octubre tenemos que armar la nueva tabla por cada distrito para el ejercicio del 2016”, resaltó.
valor de mercado. En el primer año de aplicación de la ley se busca aumentar hasta cuatro veces el valor fiscal de los inmuebles, pero teniendo como criterio un estudio sobre el potencial del suelo en cada región del país. Es decir, las tierras con mayor capacidad productiva pagarán más, no así las de menor potencial.
“En el segundo año (de vigencia de la nueva ley) se podrá abrir la posibilidad de estudiar valores fiscales más cercanos al precio del mercado de cada inmueble. En su momento estaremos mirando eso, porque esto está así hace 30 años y tampoco queremos que sea muy violento el aumento del impuesto”, explicó Aranda.
Mientras tanto, el SNC ya está trabajando en un mapeo del territorio nacional y verificando los valores reales de mercado. “Cuando tengamos listo ese estudio se va a tomar la decisión de qué porcentaje sobre ese valor se puede tomar para aumentar por cada distrito, todas esas posibilidades se abren con la modificación de estos artículos”, destacó.
Con la ley vigente, por cada hectárea de tierra en zona rural se paga entre G. 1.300 y G. 6.450; con la modificación de la ley pasaría a G. 5.520, como piso, y hasta G. 10.920 por hectárea, según el potencial productivo.
Entre 44 y 141 veces es la diferencia entre el precio de mercado por hectárea con relación al valor fiscal de las tierras rurales para determinar el pago correspondiente al impuesto inmobiliario.
