“Vamos a ir al rescate de la competencia constitucional del órgano de la Contraloría. Se instaló las acciones de inconstitucionalidad y la prohibición de ingresos a ciertos órganos del Estado por parte de la Contraloría”, aseveró.
Resaltó que están viendo las alternativas que pueden plantearse para que todas las instituciones sean auditadas por igual. Consultado sobre la influencia política en su administración dijo: “Tenemos una designación constitucional y un mandato constitucional. No tenemos jefes”, resaltó.
El contralor se defendió de las acusaciones en su contra respecto a irregularidades en su gestión como procurador, durante el Gobierno de Fernando Lugo, y como asesor jurídico en la Municipalidad de Asunción.
En el caso de compras de tierras ancestrales, que supuestamente avaló siendo procurador, refirió que se basó en el cumplimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que era un reclamo de larga data contra el Estado Paraguayo. Dijo que no sabe porqué la Fiscalía sigue sin definir el caso.
Como asesor de la Municipalidad de Asunción, García fue cuestionado también porque no apeló el fallo de la Corte que obligaba a la Comuna a pagar una suma millonaria a la firma Ivesur, supuestamente, por incumplimiento del contrato. Sobre el tema dijo que es una demanda del 2008 y que no pertenece al mandato de Mario Ferreiro.
El sindicato de funcionarios de la Contraloría recibió a García con reclamos de mejoras salariales.