El proyecto estipula que la libranza se entiende como el mecanismo de cobranza y garantía autorizada, por escrito, por un usuario que ha adquirido un bien o recibe un servicio de una entidad operadora (empresas) y busca fijar un límite máximo al descuento, de hasta 50% para quienes perciben el salario mínimo y 65% para quienes perciben más.
En mayo del 2016, ÚH había publicado una investigación donde demostró cómo, a través del sistema de libranzas, miles de trabajadores caen en un esquema de créditos disfrazados como ventas de electrodomésticos.
El proyecto de ley fue duramente cuestionado por la Secretaría de Defensa al Consumidor (Sedeco), la Cámara Paraguaya de Libranzas (Capali) y la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), ya que en algunos aspectos estaría violando la Constitución y convenios internacionales sobre la materia, ratificados por el país.
A inicios de mayo, el Senado rechazó el proyecto de ley. En Diputados no hubo votos para ratificarse en su versión, por lo que el mismo pasó al archivo.
Según informaciones extraoficiales, tras el fracaso de este documento existe la intención de algunos legisladores de presentar un nuevo proyecto al respecto.
