La Cámara Baja debió sesionar ayer para tratar el proyecto de enmienda constitucional, aprobada en una reunión secreta el viernes por los senadores oficialistas, liberales llanistas y del Frente Guasu, pero Velázquez decidió levantar la convocatoria ante la manifestación de la ciudadanía que derivó en una fuerte represión policial que ocasionó la muerte del dirigente liberal Rodrigo Quintana.
Los furiosos manifestantes quemaron incluso la sede del Congreso Nacional, por lo que tanto Velázquez como el titular de la Cámara de Senadores, Roberto Acevedo, decidieron por medio de resoluciones suspender las actividades en el Parlamento.
En la Cámara Alta, Acevedo resolvió que desde mañana se suspenderán las actividades de los funcionarios permanentes, contratados y comisionados, “hasta tanto los técnicos especialistas en la materia determinen la seguridad del ingreso en la sede”.
El ataque que sufrió la sede del edificio del Senado, por parte de los manifestantes que rompieron la entrada principal del local y provocaron un incendio que afectó hasta el segundo piso de la institución, imposibilita el funcionamiento de su estructura edilicia.
La recomendación de no permitir el ingreso normal de los funcionarios, tanto en Diputados como en Senadores, provino de los técnicos de la Policía Nacional y del Ministerio Público, ante el riesgo de derrumbe y el ambiente insalubre, principalmente en el lado de la Cámara Alta.
En cuanto a la Cámara Baja, iniciaron un control integral de las instalaciones y distintas dependencias. Esta evaluación permitirá salvaguardar no solamente la integridad de las personas que forman parte del plantel de funcionarios sino también de ciudadanos de todo el país que acuden a las oficinas parlamentarias.
