Solamente en el primer semestre de este año, el Estado destinó al “aguinaldo extra” o “gratificación” –un eufemismo para disfrazar el pago de un premio que no corresponde, o por lo menos no a todos– USD 4,4 millones a funcionarios de once instituciones. Si el resto de las 93 entidades estatales que someten a consideración del Congreso Nacional su presupuesto pagó, no se sabe.
Encima, entre este mes y el próximo varias instituciones volverán a pagar ese “aguinaldo extra”, con base en un artículo de la ley que aprueba el Presupuesto General de la Nación.
Es tan perverso este sistema que el año pasado, el Ministerio de Hacienda pagó este “aguinaldo extra” a sus “planilleros vip”, un grupo de funcionarios “comisionados” a realizar labores desde sus casas, tras suprimirse las oficinas alquiladas por la cartera fiscal para el personal sin función específica. El pago del “aguinaldo extra” es un mal que se repite año a año, sin que el Poder Ejecutivo ni el Poder Legislativo se atrevan a suprimirlo.
De hecho, el proyecto de Presupuesto 2017, en el artículo 42, contempla que “los organismos y entidades del Estado (OEE) no podrán asignar más de dos gratificaciones anuales o premios al personal por servicios o labores realizadas, a mejor o mayor producción o resultados de la gestión administrativa y financiera u otros indicadores de gestión institucional”. Agrega que “los mismos no serán superiores al equivalente a un mes de sueldo, y se asignarán conforme a las disponibilidades de créditos presupuestarios y al resultado de una evaluación de desempeño individual con criterios cuantificables”.
Hacienda prometió que a partir de octubre de este año pagará este premio a sus funcionarios con base en una serie de requisitos (llegadas puntuales, calificación de superiores, entre otros), pero es una medida aislada y no una decisión gubernamental.
Mientras que en el sector privado, el pago de premios se realiza solo cuando se registran utilidades (ganancias), en el sector público no se aplica esta regla, pues los criterios son políticos.
Si bien se avanzó en transparentar los datos públicos y se conoce la asignación salarial de los funcionarios estatales, los poderes del Estado se mostraron hasta el momento incapaces de controlar la calidad del gasto público y continúa la dilapidación de los recursos.
Ahora que el proyecto de Presupuesto es estudiado en el Congreso, sería justo que los parlamentarios den el paso que no se atrevió a dar el Ejecutivo y suprimir o restringir el pago del “aguinaldo extra”, y reorientar los fondos asignados a este beneficio a salud, educación o seguridad. Es justo premiar a quienes laboran con honestidad y patriotismo, pero es una burla para los contribuyentes extender este beneficio a planilleros, amantes vip y a simples calientasillas.
