Señaló que Fernández se rehusaba a indagar los cruces de llamadas realizadas entre el 31 de marzo y el 1 de abril del año pasado, por lo que considera que la agente fiscal no llevará la investigación de forma imparcial.
Dijo, además, que la misma mantenía conversación telefónica con el asesor jurídico de la entidad binacional Yacyretá, Luis Canillas. Este último aparece en el cruce de llamadas con el entonces comandante de la Policía Nacional, Críspulo Sotelo.
“Ella (Raquel Fernández) demoró cuatro meses hasta que el Poder Judicial dijo que sí y ella estaba hablando con la persona investigada (Luis Canillas). Ahí se afecta el principio de objetividad que debe tener el fiscal”, cuestionó el abogado Guillermo Duarte.
Agregó, en contacto con la 780 AM, que dicha situación es grave, debido a que desde el Ministerio Público tenían sospechas de que la fiscal mantenía conversaciones con el funcionario de la binacional y, pese a esto, es mantenida en la causa. Lamentó que esa situación deje a la causa sin fiscal.
Subrayó que Fernández pidió ser apartada por decoro, a causa de que su objetividad ya se veía afectada, pese a esto el Ministerio Público volvió a confirmarla para llevar el proceso.
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La causa investiga a los policías Gustavo Florentín, Tomás Paredes Palma, Alberto Báez y Guido Amarilla como sospechosos del asesinato del joven Rodrigo Quintana, el 31 de marzo del 2017 en la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA).
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La firma Palermo SA confirmó que las líneas corporativas, que aparecen en el cruce de llamadas, pertenecen al presidente de la República, Horacio Cartes, y a Juan Carlos López Moreira, jefe del Gabinete de la Presidencia.
