Miguel Almada, gerente de Asuntos Legales de la empresa de telefonía Tigo, aseveró que los cruces de llamadas pueden ser reconstruidos con peritos especialistas y una orden judicial. “Las líneas telefónicas de nuestros clientes están garantizadas con absoluta confidencialidad, si requieren alguna información solo brindamos con una orden”, añadió.
Explicó, además, que por ley las compañías telefónicas están obligadas a guardar las llamadas por un plazo máximo de seis meses, pasando dicho tiempo estas se eliminan automáticamente.
“Han pasado ocho meses de las llamadas que ahora solicita el Juzgado. Las llamadas realizadas entre el 31 de marzo y 1 de abril ya fueron borradas por el sistema”, subrayó Almada en contacto con la 780 AM.
Por su parte, el abogado Guillermo Duarte Cacavelos, representante de la familia del joven liberal Rodrigo Quintana, dijo que los datos de las llamadas fueron solicitados para que sean incluidos en la investigación en el atraco a la sede del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que derivó en la muerte del dirigente liberal.
Rodrigo falleció al recibir un disparo de escopeta por parte supuestamente del suboficial ayudante Gustavo Adolfo Florentín Silva, quien actualmente se encuentra en prisión.
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Duarte no descartó denunciar a la empresa de telefonía si se comprueba que la misma se encontraba ocultando las llamadas.
La Cámara de Apelaciones, Segunda Sala, ordenó el 22 de diciembre de 2017 hacer lugar al pedido planteado por los abogados defensores.
