Pero, a juzgar por el relato bíblico, Zaqueo fue un poco más y, al parecer, cobró de más, por eso en una parte dice él que si a alguien defraudó se lo iba a devolver cuatro veces más y estaba dispuesto a dar la mitad de sus bienes a los pobres, como una forma de enmendar sus malas actuaciones o mal desempeño de sus funciones.
Estas declaraciones permiten entender que Zaqueo tenía acumulado bienes materiales y monetarios en una buena cantidad y reconoce que en algunos casos los obtuvo deshonestamente.
En las últimas semanas se abrió un fuerte debate sobre el comportamiento de los empleados públicos, de los administradores de entes e incluso de figuras políticas que hoy están siendo investigadas por la Justicia ante las denuncias de enriquecimientos ilícitos, cobros indebidos de haberes, entre otros sonados casos.
En el caso de los funcionarios públicos se les cuestiona el hecho de cobrar millonarios sueldos extras o bonificaciones, que hasta resultan ofensivos para aquellos trabajadores que deben conformarse con un salario básico. Si bien los estatales defienden sus beneficios laborales y argumentan que están estipulados en contratos colectivos de trabajo, vale la pena analizar si son justas y si esos beneficios no están generando perjuicio a terceros.
Perjuicio, en el sentido de que esos recursos pueden canalizarse para mejorar los servicios públicos o una mejor atención en los hospitales y en las escuelas, es decir, beneficiar a más personas.
Es sabido que en ciertos entes públicos, y en especial en las entidades binacionales, los beneficios son de primer mundo. Algunos funcionarios acceden a ellos merecidamente, pero otros lo hacen valiéndose de sus influencias políticas y estrategias legales pero ilegítimas. Situaciones como estas rayan el saqueo a las arcas estatales e indignan a la ciudadanía. Genera una profunda decepción y desesperanza, que por más que el Gobierno emita discursos a favor de la gente, tal mensaje no llega, pues la percepción de la ciudadanía es que estamos ante una apropiación indebida de los recursos públicos.
La situación del país no es para organizar fiestas ni hacer ostentaciones de bienes y lujos. El país está saliendo de un estancamiento económico (0% de crecimiento en el 2019) y si bien las proyecciones son más alentadoras para este año están surgiendo otras amenazas para el país como epidemias como el dengue y una nueva enfermedad, como el coronavirus, que afecta no solo la salud de las personas sino que tiene una directa incidencia en la actividad económica de los países, como China.
No sé si será la solución a los problemas del país, pero una asignación más racional de los beneficios salariales a los funcionarios y autoridades estatales debe generar indefectiblemente algún beneficio palpable y visible para la población y a los contribuyentes, de lo contrario, la decepción y la falta de credibilidad en las autoridades irán en aumento.
El trabajador es digno de recibir un pago justo por el trabajo que realiza, si no lo hace, no tiene porqué recibir, eso es saqueo, robo a las arcas estatales y debe devolver lo que tomó indebida o inmerecidamente.
Es momento de plantearse un Plan Zaqueo, devolver al pueblo, a la ciudadanía, a los contribuyentes lo que les fue arrebatado indebidamente. Eso generará, seguramente, una reacción positiva hacia el Gobierno.
Espero que los que ostentan el poder tengan la moral y la fuerza necesaria para asumir este compromiso y no sean arrastrados por el saqueo institucional que se instaló dentro del Estado.
