El interventor de la Municipalidad de Asunción tiene una tarea difícil. Aunque intenta no quedar pegado a la disputa política, Carlos Pereira debe meterse a un terreno muy fangoso, en donde el intendente Óscar Nenecho Rodríguez no es el único implicado.
El hecho de haber permanecido tanto tiempo en ese cargo a pesar de las innumerables denuncias se debe a las conexiones y los intereses que todo el movimiento tiene en la estructura municipal. Las irregularidades más graves no lo movieron. La Fiscalía abrió una investigación por el desvío de cerca de G. 500.000 millones de bonos que debían usarse para obras de infraestructura y fue imputado en el 2024 por supuesta lesión de confianza y asociación criminal, en relación al escándalo de los “detergentes de oro” durante la pandemia. Más de 20 personas, incluidos funcionarios municipales, también fueron imputadas.
Pereira afirmó, en contacto con Última Hora, que su trabajo no es seguir instrucciones de los sectores políticos, y que no forma parte de ningún movimiento.
“Primero que nada, no soy político. Soy un profesional cien por ciento técnico, y no tengo militancia política en ningún movimiento. Y nada tiene que ver en este trabajo la disputa electoral”, manifestó.
El interventor no quiso responder todas las preguntas transmitidas desde ÚH, pero dejó en claro que su trabajo va a estar sostenido en la objetividad. “Una intervención es un trabajo que se realiza con objetividad, imparcialidad e independencia, que es la esencia de un trabajo serio de auditoria”, recalcó.
La auditoría en Asunción comienza este martes y, para Pereira, todo estará basado en lo técnico y legal. El informe de Contraloría es lo central, pero las evaluaciones pueden derivar en el hallazgo de irregularidades no reveladas.
“La auditoría debe ser objetiva y no estar influenciada por ningún tipo de interés. Así también, debe ser imparcial, en el sentido de no favorecer ni perjudicar a nadie y, por último, independiente, ya que no va a estar sujeta a ningún tipo de influencias externas de ningún tipo. Es meramente técnica y de cumplimiento de las disposiciones legales que rigen la actividad”, reforzó.
En una entrevista anterior concedida a Monumental 1080 AM, Pereira indicó que el presidente Santiago Peña le manifestó que la intervención sería solo por 90 días, aunque posteriormente informaron que sería de 60 días. El dictamen que estará a su cargo deberá ser estudiado por la Cámara de Diputados para decidir si destituir o absolver a Nenecho, si es que este no renuncia antes.
LIGADO A LOS COLORADOS
Si bien Pereira afirma no tener ninguna afiliación partidaria y no haber activado nunca por ningún movimiento, siempre estuvo cercano a gobiernos colorados, desde donde llevó a cabo su larga carrera en la función pública.
Pereira Olmedo fue durante el periodo de gobierno de Horacio Cartes (2013-2018), presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF). En el gobierno de Mario Abdo Benítez comenzó como ministro de la Secretaría Técnica de Planificación (STP) en 2018, pero en el 2020 tuvo que asumir como ministro de la Vivienda luego de la destitución de Dany Durand, luego de muchas denuncias en su contra, principalmente una polémica con diputados, a quienes amenazó en un grupo de WhatsApp.
Durand envió un mensaje que instaba a escrachar a los legisladores que no querían acompañar la propuesta del Poder Ejecutivo. Los diputados se molestaron y resolvieron impulsar la interpelación contra el ministro. Sin embargo, este último se adelantó, pidió disculpas y finalmente presentó su renuncia al cargo.
Actualmente, Pereira es consejero de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), nombrado por Santiago Peña en el año 2023. Pidió permiso en el cargo para asumir como interventor de la Municipalidad de Asunción.
“La intervención es un proceso que tiene varias aristas. Por un lado, se tienen que evaluar las denuncias que pudieron haber existido por parte de la Contraloría y, al mismo tiempo, se tienen que escudriñar otros aspectos que también pudieran estar sin ser mencionados”, manifestó Pereira sobre lo que será su tarea desde este martes.
CASO MESSER
Cuando Pereira se desempeñaba como presidente del Banco Nacional de Fomento (BNF), desde setiembre del 2012 hasta agosto del 2018, en su administración, la entidad bancaria habría cometido negligencias sobre el pedido de autoridades brasileñas para embargar los bienes de Darío Messer, considerado uno de los cerebros del esquema de lavado de dinero y evasión de divisas que se inició en los años ochenta en el Brasil, y que acabó con el megaoperativo denominado Lava Jato.
El 23 de enero del 2024, un Tribunal de Sentencia, integrado por Yolanda Morel, Claudia Criscioni y Jesús Riera, solicitó al Ministerio Público la apertura de una investigación contra los funcionarios del BNF involucrados en esta negligencia.
La denuncia indicaba que el BNF ayudó a Darío Messer a lavar el dinero proveniente de hechos ilícitos, debido a que frustraron el comiso que era pretendido por las autoridades brasileñas, conforme dice el fallo del citado Tribunal de Sentencia que juzgó el comiso autónomo. Esto se produjo entre los años 2013 y 2016.
En su momento, Pereira aseguró que la entidad estatal cumplió todas sus obligaciones para habilitar la cuenta del cambista brasileño Darío Messer, que estaba procesado por lavado de dinero y asociación criminal.
Para defenderse, Pereira afirmó que el banco incluso hizo más de lo que estaba obligado a hacer. “Vale decir que el BNF ha sido mucho más riguroso en la aplicación del principio ‘conozca a su cliente’, por lo que se ha aplicado el procedimiento de debida diligencia ampliada. Eso significa que la entidad ha consultado al Banco Internacional, desde donde provenían los fondos, que informe, a su vez, de qué otro banco provino a esa cuenta, y a ese banco también se le ha solicitado la misma pregunta de procedimiento de diligencia debida. El BNF no solo cumplió con las disposiciones exigidas, sino que ha hecho mucho más de lo que le correspondía por obligación”, argumentó entonces Pereira.
Años atrás, también el informe de la Comisión Bicameral de Investigación (CBI) sobre las operaciones de Darío Messer en Paraguay concluyó que un total de 17 personas debían ser investigadas por la Justicia debido a las operaciones del cambista, entre ellas siete responsables del BNF, que hasta fue sancionado por el Banco Central del Paraguay (BCP) ante aparentes fallas en su sistema antilavado de activos. Entre los supuestos responsables figuraban Carlos Pereira.
El interventor de la Municipalidad de Asunción cuestionó esta sanción. Afirmó que la decisión de la banca matriz le resultaba “extraña” y refirió que muchos de los hechos evaluados ya se encontraban prescritos.
Dijo que la Fiscalía no consideró que haya irregularidades graves y que, a su entender, el BNF cumplió con los procedimientos requeridos.
Otros funcionarios vinculados del BNF en ese momento fueron Jorge Lavand, Juan Manuel Benítez, Mariana Cáceres, María del Rocío de Brítez, José Alcaraz Ortiz y Silvia Alcaraz.
