En el marco de la inauguración del Sitio de Memoria y Centro Cultural 1-A y los 18 años del trágico acontecimiento registrado el domingo 1 de agosto del año 2004 en el supermercado Ycuá Bolaños, en el barrio Santísima Trinidad, los familiares siguen reclamando justicia, según informó NPY.
A pesar de que pasaron casi 18 años, una gran cantidad de familiares de las víctimas de la tragedia aún no pudieron cobrar la indemnización e incluso los G. 8.200 millones que existen para el efecto no alcanzarían en la distribución.
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“Yo esto llevo hasta la tumba, a mí me duele como si fuera que hoy le perdí a mi hijo. Hay mucha injusticia, nosotros también somos víctimas”, manifestó una madre.
También relató que la causa sigue y que casi ya ni asiste a las reuniones con los abogados, por lo que no sabe lo que pasa. “En estos días decían que se liberaba la plata, pero todo es mentira. Hay una parte que cobraron, pero los demás no”, explicó.
Otra de las madres mencionó que perdió su causa y que sus abogados “se vendieron”. “No hay justicia para los pobres”, cuestionó, a la vez de señalar que nunca va a olvidar lo que pasó y el dolor inmenso, entre tanto espera reencontrarse con su hija y volver a abrazarla.
La madre de una trabajadora del supermercado afirmó que parece que fue solo ayer que perdió a su hija y que jamás olvidará los momentos tan difíciles a causa del cierre de las puertas por parte del propietario del supermercado.
“Duele mucho, jamás me voy a olvidar. Tengo mi nieto huérfano, tenía dos añitos, ahora tiene 20. Él no quiere venir”, cuenta, mientras que sobre la cuestión judicial dice no saber nada.
Don Rubén Rojas, padre de una trabajadora del supermercado, aseguró que el Poder Judicial no está a la altura de una tragedia tan grande y que 18 después siguen deambulando por los pasillos del Palacio de Justicia.
“Más de 600 presentaron su demanda en el Poder Judicial y en el año 2019 varias personas perdieron su causa. ¿Dónde está la Justicia?”, criticó.
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También detalló que las causas fueron llevadas a varios juzgados en todo el país y solo algunas personas fueron indemnizadas. “Hemos litigado 10 años y hemos perdido”, lamentó.
Una persona se encadenó este lunes a los portones del memorial, denunciando que no le dejan formar parte de las asociaciones y grupos de víctimas.
“Yo quería morir con ellas, pero Dios me dio fuerzas. Yo saqué un arma para dispararme, pero mis hermanos me atajaron. Estuve más de 7 años postrada en un sofá con Alprazolam. Quería que me pise un colectivo, me iba a dormir al lado del cajón de mi hija”, confiesa la mamá de una víctima del incendio.
Condenados por el incendio
El propietario del supermercado, Juan Pío Paiva, fue condenado a 12 años de prisión; su hijo Víctor Paiva también fue condenado a 10 años de cárcel, aunque en agosto del 2007 consiguió la libertad con restricciones. El 4 de diciembre de 2020 falleció como consecuencia del Covid-19.
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El otro condenado a cinco años de cárcel fue el guardia de seguridad Daniel Areco.
En el caso también habían sido sentenciados el accionista de la sociedad Ycuá Bolaños. Los cuatro fueron condenados por homicidio doloso simple, por dolo eventual, homicidio doloso en grado de tentativa agravada y exposición de personas a lugares de trabajo peligrosos.
También fueron condenados a un año y seis meses de cárcel los funcionarios de la Municipalidad de Asunción que aprobaron los planos del edificio, Jorge Gamarra Morínigo, Jesús María Jiménez Insaurralde y Rodrigo Castillo Fracchia.
Además, fue condenado a dos años de pena el arquitecto de la obra, Bernardo Ismachowiez, por actividad peligrosa en la construcción. Nunca fue preso, porque cumplió su pena con arresto domiciliario.
Actualmente, en el sitio de la tragedia se construyó un memorial dedicado a las víctimas de la mayor tragedia del Paraguay en tiempos de paz.
