El nuevo arresto del banquero Daniel Vorcaro, propietario del liquidado Banco Master, revela otro capítulo inquietante en la degradación institucional que corroe sectores sensibles de la vida pública brasileña. Las investigaciones de la Policía Federal presentan un panorama alarmante: Vorcaro mantenía una especie de “milicia privada” dedicada a intimidar a testigos, ex empleados e incluso a periodistas que investigaban el caso. Uno de los operadores de esta trama presuntamente recibía alrededor de un millón de reales al mes por realizar tareas de coerción y amenazas.
Pero lo más grave no es solo la conducta de un banquero dispuesto a todo para proteger sus intereses. Lo más preocupante es la posible contaminación de las mismas instituciones que deberían supervisarlo. Según la investigación, Vorcaro mantuvo un diálogo directo y frecuente con los directores del Banco Central, responsables precisamente de supervisar a la entidad financiera. El intercambio de mensajes, las solicitudes de orientación estratégica y el envío previo de documentos indican una cercanía absolutamente incompatible con la necesaria independencia del organismo regulador.
No se trata apenas de un escándalo financiero. Es síntoma de algo más profundo: la infiltración de intereses privados en el funcionamiento del Estado. Cuando el auditor empieza a asesorar al auditor, el sistema deja de funcionar.
Brasil necesita reaccionar con firmeza. La recuperación de la credibilidad institucional exige investigaciones rigurosas, un castigo ejemplar de los responsables y una limpieza moral de las estructuras públicas. La complacencia con la corrupción y el tráfico de influencias es el terreno fértil donde prospera la podredumbre. Y la podredumbre, cuando se tolera, lo contamina todo.
(*) periodista
