El ex intendente de Ypehjú, desconoció el certificado de nacimiento paraguayo y se declaró brasileño, tomando en cuenta que el vecino país no extradita a sus compatriotas.
Según informó el periodista de Telefuturo, Aníbal Espínola, el juez que le tomó declaración decidió que el mismo continúe bajo prisión preventiva. “El mismo aseveró que nació en Paranhos”, informó.
A partir de ahora, la defensa de Acosta tiene 10 días para presentar sus alegatos en busca de impedir la extradición.
El fiscal Emilio Oviedo fue designado por el Ministerio Público para el reconocimiento de Acosta. Además, se contó con el acompañamiento de la embajada paraguaya en Brasil.
Desde el Ministerio Público explicaron que la audiencia de identificación de personas se realiza dentro del marco de la legislación interna de Brasil. La diligencia se realizó en el Juzgado Federal de Campo Grande.
La extradición está a cargo del ministro del Supremo Tribunal Federal, José Antonio Díaz Toffoli, quien es el ministro relator de este caso.
En marzo, la Cancillería brasileña recibió el pedido de extradición formulado por la Justicia paraguaya para Vilmar Acosta, actualmente preso en Campo Grande, Brasil.
Proceso. Acosta fue detenido después de más de cuatro meses de permanecer prófugo, el 4 de marzo pasado, en Mato Grosso do Sul, Brasil. Días después, un juez brasileño decretó su prisión con fines de deportación y luego la máxima instancia judicial dictó su prisión con fines de extradición.
La Fiscalía paraguaya insistió en la deportación por tratarse de una vía administrativa mucho más rápida, para que Acosta sea juzgado en territorio paraguayo por los crímenes que presuntamente cometió en el país.
Sin embargo, las autoridades brasileñas cerraron la puerta a la deportación y optaron por la extradición.
Este proceso girará en torno a la nacionalidad de Acosta. Por un lado, las autoridades paraguayas sostienen que nació en Ypejhú y que es legítimamente paraguayo, pero Vilmar también tiene documentos brasileños, que presentó a la Policía cuando fue detenido. La ley brasileña prohíbe la extradición de sus connacionales.
