Siguiendo el dicho de que una imagen vale más que mil palabras, el Gobierno estadounidense puso esta semana 17 millones de dólares sobre la mesa para cámaras y supervisión de agentes con el objetivo de evitar casos como el de Freddie Gray, muerto bajo custodia policial en Baltimore (Maryland) el 19 de abril.
Esta acción, en el marco del plan anunciado en diciembre por Obama para financiar con 75 millones de dólares 50.000 cámaras, se suma a otras medidas de reconciliación, como el proyecto piloto de diálogo entre policía y ciudadanos en seis urbes del país.
“Las cámaras ayudarían a todos. Ayudarían a proteger a los ciudadanos de los abusos de la policía y, al mismo tiempo, darían a los agentes protección frente a acusaciones falsas”, argumentó en declaraciones a Efe Monica Hopkins-Maxwell, de la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU).
Sin embargo, para Hopkins-Maxwell, una de las mayores dificultades de la videovigilancia es lograr el equilibrio entre hacer responsables a los agentes de sus acciones y preservar la privacidad de testigos, víctimas o sospechosos.
“Las cámaras solo servirán si se implementan con políticas firmes, que garanticen protección al público sin que se conviertan en un nuevo sistema de vigilancia masiva”, subrayó la directora en Washington de ACLU, una asociación con una larga historia de oposición a las cámaras en lugares públicos, pero que ve con otros ojos esta iniciativa.
En un informe, publicado en marzo, esta organización de derechos civiles, una de las más importantes de Estados Unidos, incide en que las cámaras deben de ser diseñadas de forma que los agentes no puedan ni editar sobre la marcha, ni borrar o modificar el contenido de las imágenes.
Aunque está de acuerdo con la prohibición de editar los contenidos, la Police Executive Research Forum, una organización de policías a nivel nacional, apuesta por políticas que den mayor margen de maniobra a los agentes para que ellos sean los que decidan qué es lo que deben o no grabar.
En una guía para el uso de estas cámaras, ponen de ejemplo la escena de un homicidio o una violación, en la que un testigo o una víctima puede ser reticente a ser grabado en vídeo, negarse a declarar bajo esas condiciones o, incluso, modificar sus confesiones, lo que dificultaría la resolución del crimen.
Más allá de cuestiones de procedimiento, el precio de entre 100 y 1.000 dólares es una de las mayores dificultades para hacer que los policías lleven enganchados a sus uniformes o sus cascos estas pequeñas cámaras.
A pesar de ello, hasta el 20 de abril, 117 proyectos de ley para instaurar estos sistemas de seguimiento estaban bajo consideración de los parlamentos de 34 estados, según datos de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales de Estados Unidos (NCSL).
La idea de incorporar sistemas de grabación a los uniformes de los agentes ganó fuerza tras la muerte en agosto del joven afroamericano Michael Brown en Ferguson (Misuri), pero la existencia de imágenes para conocer las circunstancias de los hechos no garantiza una condena, según incide ACLU.
Ejemplo de ello fue la grabación en vídeo por un transeúnte de la muerte del afroamericano Eric Garner, de 43 años y asmático, que resultó asfixiado cuando un policía de Nueva York le inmovilizó con una llave prohibida por varios departamentos del cuerpo.
Tanto el policía que mató a Brown como el que acabó con la vida de Garner fueron exonerados de todos los cargos y, actualmente, se encuentran en libertad.
Ahora queda por ver qué ocurrirá con los seis policías de Baltimore imputados por la muerte del joven Gray, que al parecer fue sometido al “paseo del cowboy”, en el que los detenidos son trasladados, sin cinturón de seguridad en la celda metálica del vehículo entre frenazos y giros bruscos.
Por muchas cámaras que se pongan en práctica, ACLU y la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color (NAACP) inciden en la gravedad de tener que llegar al extremo de poner bajo vigilancia a aquellos encargados de velar por el cumplimiento de la ley.
Insisten, por ello, en la necesidad de reducir el margen y prerrogativas con las que los agentes pueden evitar un proceso criminal y, sobre todo, en atajar los problemas sociales de pobreza, droga y segregación que alimentan una latente tensión racial, ahora en plena ebullición.
Beatriz Pascual Macías
