Al comienzo tenía algunos reparos sobre el nombramiento del senador Víctor Ríos como ministro de la Corte Suprema de Justicia. Nunca me pareció correcto que continuara ejerciendo el cargo de rector de una universidad siendo parlamentario y, además, su elección confirmaría la vigencia del cuoteo político en la conformación de la máxima institución judicial. Pese a ello, reconocía que no tenía impedimentos legales para ser nombrado.
Con el correr de los días me fue ocurriendo un curioso fenómeno. La intensidad de las críticas que recibió desde distintos sectores era tan desmesurada que despertaba sospechas. De un día para el otro, el político liberal Víctor Ríos se convirtió en un peligroso agitador comunista, invasor de propiedades privadas, abortero, propulsor del matrimonio gay y un inepto en el campo jurídico. Su presencia en la Corte constituiría el quiebre más catastrófico que haya conocido el equilibro entre los poderes del Estado.
Esa reacción sobreactuada no podía ser espontánea. Todos descubrían recién ahora que la terna de la Corte es producto de negociaciones políticas. Sus discursos y comunicados parecían provenir de quienes creían que sus predecesores habían sido inmaculadamente independientes del mundo político.
Había olor a hipocresía. Ninguno de ellos se había escandalizado cuando hace apenas un año y medio, mediante un pacto abdocartollanista, César Diesel fue el elegido. No era docente universitario, no publicaba ni investigaba temas jurídicos y había obtenido un puntaje bajísimo en la calificación. Pero, claro, era el candidato de Cartes. Y fue entonces cuando empecé a preguntarme si “ellos”, los enojados, no estarían simplemente respondiendo a una orden del ex presidente.
Por supuesto que descarté enseguida dicha posibilidad, pues hay demasiados gremios y partidos involucrados, muchos de ellos dirigidos por personas honorables. Entre los que anunciaron que “se precipitará un descrédito ciudadano sin precedentes históricos” están el Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Paraguay, la Cámara de Anunciantes, representantes de los gremios de la industria, el comercio y la producción, los gremios de ganaderos y sojeros y de partidos políticos, como Patria Querida y Encuentro Nacional.
No, a esa clase de gente nadie le ordena nada. Para cumplir órdenes está la legión de trolls, perfiles falsos y lamesuelas que llenan las redes sociales.
Y están aquellos siempre dispuestos a cruzar la raya de la prudencia, aunque arrastren a la institución a la que representan a un descrédito innecesario. Fue el caso del arzobispo Edmundo Valenzuela, quien —olvidando que Iglesia y Estado son asuntos separados— convocó a una manifestación contra Víctor Ríos a la que acudieron una monja en estado de trance y nueve acólitos poco entusiasmados. Tan humillante fue todo que hasta el habitualmente circunspecto ex ministro de la Corte José Altamirano expresó que “la jerarquía de la Iglesia está descerebrada, y no hay un solo pensante, porque no hay un pastor”.
Organizados o no, si se juntaron todos es por algo. Algo que tratan de no decirlo, por eso se inventan argumentos pueriles. No tiene que ver con la capacidad de Ríos ni con el miedo a la contaminación política.
Más sincero fue el senador Sergio Godoy, quien reconoció lo evidente: las diferencias son ideológicas. Están en contra de sus posiciones sobre la propiedad privada, sobre el impuesto a la soja, sobre los grupos antiderechos que se hacen llamar “provida”, etcétera.
No quieren una Corte que garantice la pluralidad de derechos. No quieren en la Corte a alguien con ideas un poco más abiertas y avanzadas que la mayoría de dólmenes conservadores que allí habita. Víctor Ríos es una figura molesta para las corporaciones de derecha, para gente como Valenzuela, para el cartismo. Y, quizás por eso, ahora me parece mejor candidato que antes.
