A estos grupos se sumaron los miembros del Colegio de Abogados Democráticos del Paraguay, que reclamaron al Máximo Tribunal, con una nota, que sumarien a los jueces, funcionarios y abogados implicados en esta rosca.
En el caso de las enfermeras, su representante, Mirna Gallardo, solicitó que se les devolvieran los montos que fueron descontados ilegalmente en los juicios.
Explicó que la fiscala Belinda Bobadilla “nos cerró la puerta por la cara...” porque ella no investiga a los juzgados Civiles de Asunción, sino solo a los Juzgados de Paz.
Indicó que varios de los miembros no tuvieron derecho a la defensa. Las notificaciones llegaron al Hospital de Clínicas, donde ellas ya no eran funcionarias. Exigieron a los ministros que intervengan en la grave problemática de los descuentos que les afectan.
docentes. Por su parte, Lourdes Aguilar, representante de las educadoras jubiladas, refirió que su lucha comenzó ya en plena pandemia, con la fiscala Teresa Sosa, y que con ella resolvieron muchos casos y otros que volvieron a entrar, pero que ya no se pudo.
Apuntó que están haciendo el seguimiento de los embargos masivos que entraban, de la rama de mueblería, de la Asociación de Docentes jubilados ovetenses, que ya no existe, y que les siguen descontado y embargando.
“Yo quiero llorar. Quiero... no sé qué es lo que quiero hacer por esta imposibilidad de solucionar los casos”, acotó. Citó el caso de un compañero indígena que murió sin cobrar absolutamente nada después de jubilarse.
Aguilar solicita también que se levanten los embargos que pesan sobre sus salarios, ya que algunos solo perciben unos G. 500.000 y nada más. Piden intervención de la Corte Suprema de Justicia.
ABOGADOS. Asimismo, miembros del Colegio de Abogados Democráticos del Paraguay presentaron una nota al presidente de la Corte, César Diesel, donde solicitan que el Máximo Tribunal que muestren “su verdadera intención de sanear la justicia...”
Requieren “la inmediata destitución de todos los jueces de Paz y demás funcionarios judiciales involucrados”. Además, requieren de la “apertura inmediata de sumarios administrativos y suspensiones preventivas de las matrículas de todos los abogados integrantes de los estudios jurídicos involucrados”. Al final, piden que dé señales de “un cambio en nuestra administración de Justicia”.
