La Fiscalía tiene cuatro meses más para investigar un supuesto caso de la mafia de los pagarés en el que la víctima retiró G. 9 millones y le saltó una demanda de G. 45 millones. El fiscal Carlomagno Alvarenga solicitó que se desestime la causa, pero la Fiscalía Adjunta no acompañó el pedido y se pidió más tiempo para investigar.
Teresa Graciela Cabrera Ríos denunció un caso de usura que habría sucedido en el 2021, cuando recurrió a Liliana Felicita Ortega Denis, funcionaria del Poder Judicial en Santaní, ante una situación económica urgente y la delicada salud de su padre.
Hizo un préstamo de G. 9 millones y como garantía, entregó su tarjeta de cobro y firmó un pagaré en blanco, dijo.
Cabrera tuvo atrasos en el pago de su deuda y tuvo que sacar otro préstamo para pagar su deuda anterior. El nuevo crédito le gestionó la misma Liliana Ortega a través de su pareja, supuestamente.
“Me consiguió un préstamo, le pagué y mi deuda bajó a G. 6 millones. Luego conseguí otro préstamo y quedó en G. 5 millones”, había denunciado la mujer.
Agregó que firmó un nuevo pagaré por los G. 5 millones restantes, pero que supuestamente ese pagaré fue adulterado y ejecutado judicialmente por una supuesta deuda de G. 45 millones. En ese momento, según su cálculo, ya debía solo G. 1.800.000.
El abogado Vicente Villalba explicó que la denuncia fue por supuesta usura y enriquecimiento ilícito en contra de la funcionaria judicial.
El primer fiscal que llevaba primero el caso fue Walter Merlo, quien afirmó que en la causa no se configuraba hecho punible, por lo que fue el primero en pedir la desestimación.
Luego la causa pasó a ser atendida por el fiscal Carlomagno Alvarenga, quien al tomar el caso, se ratificó en ese pedido, pero el Juzgado remitió a la Fiscalía Adjunta, donde se solicitó no cerrar la causa, sino que se pidió una ampliación al plazo investigativo para hacer cuatro diligencias más.
“Esas (diligencias) están pendientes ahora y le dieron plazo de cuatro meses que terminaría en septiembre. De esas, la única diligencia pendiente es la extracción de datos de los aparatos de las denunciantes”, dijo el abogado.
Mientras tanto, el salario de la mujer sigue estando embargado y se le descuenta mes a mes, desde el 2023.
Mismo fiscal minimizó otro caso
Gladys Larrea, oriunda de Santaní, también denunció que en el 2015 prestó G. 2.000.000 de un usurero, y que está pagando por tercera vez la deuda.
La causa no avanza y es atendida por el mismo fiscal que pidió la desestimación en la causa anterior, el agente Walter Merlo, quien se defendió diciendo que no hay elementos para imputar.
La mujer prestó los G. 2 millones y dice que ya pagó todo en efectivo la deuda, en 26 cuotas de G. 400.000 mensual, es decir, que terminó pagando la suma de G. 10.400.000, la primera vez.
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La mujer al denunciar el caso entregó capturas de pantalla de mensajes con el denunciado, pero no se investigó el celular del hombre.
En su postura, el fiscal alegó de que no hay supuestamente ningún recibo “que demuestre que ella hizo el pago”, y que en el pagaré figura el monto de G. 5 millones.
Al ser consultado de si existe posibilidad de que el monto en el pagaré hay sido cambiado o llenado después, el fiscal mencionó que se podría hacer una pericia, pero que es “algo delicado y difícil”
