Gladys Larrea, quien denunció que en el 2015 prestó de un usurero G. 2.000.000, que está pagando por tercera vez luego de ser nuevamente embargada, pide avances en su causa, que está en la Fiscalía de Santaní, Departamento de San Pedro. El fiscal se defendió diciendo que no hay elementos para imputar.
La mujer prestó los G. 2 millones y dice que ya pagó todo en efectivo en 26 cuotas de G. 400.000 mensuales; es decir, que terminó pagando G. 10.400.000, la primera vez.
El fiscal Walter Melo no me está recibiendo. El auxiliar ni siquiera me habla, solo mueve la cabeza así de que no hay nada. No sé dónde recurrir la verdad”.
En el 2021 fue embargada para supuestamente pagar la misma deuda. Esta vez por G. 4.000.000, pero ella recién se enteró cuando salió el embargo judicial.
Nuevamente, en el 2024 le saltó otra causa, por casi G. 4 millones también y allí ya decidió hacer la denuncia en la Fiscalía, en diciembre de ese año. Contó que mes a mes le siguen descontando de su salario G. 679.000.
“Vengo y voy todos los días, pero no está avanzando mi denuncia. Yo acerqué testigos, pedí informes y los informes que salieron están todos a mi favor. Tengo chats donde puedo demostrar que fueron G. 2 millones lo que usé de él”, lamentó Larrea.
La denuncia fue por estafa, usura y producción de documentos no auténticos (falsificación) en contra de Marcos Antonio Acosta López.
“El fiscal Walter Melo, de la Unidad N° 3, últimamente no me está recibiendo. Yo hablo con el auxiliar, le pregunto sobre mi caso, y él ni siquiera me habla, solamente me mueve la cabeza. Así de que no hay nada. No me están haciendo más caso, no sé dónde recurrir la verdad”, se lamentó la mujer, visiblemente angustiada.
“Por el momento no hay posibilidad de imputar”
Por su parte, el fiscal Walter Melo, en contacto con un medio local, dijo que sí se reunió varias veces con la víctima y que la investigación supuestamente avanza.
Dijo que solicitó copia autenticada del expediente del juicio ejecutivo por el cual ahora le están descontando.
“Efectivamente, a ella se le está sacando (dinero) de una orden judicial de un juez en lo Civil, pero correspondiente a los intereses y a las costas”, sostuvo y que el primer embargo del 2021 era por la deuda.
La mujer, al denunciar, entregó capturas de pantalla de mensajes con el denunciado, pero tampoco se investigó el celular del hombre.
Dijo que no hay supuestamente ningún recibo “que demuestre que ella hizo el pago”, y que en el pagaré figura el monto de G. 5 millones.
Pericia es “algo delicado y difícil”
Al ser consultado de si existe posibilidad de que el monto en el pagaré hay sido cambiado o llenado después, el fiscal mencionó que se podría hacer una pericia, pero que es “algo delicado y difícil”.
Se excusó diciendo que según la información que se maneja, que ella le pagaba personalmente y que no existen rastros del pago. “Por el momento no hay esa posibilidad (de imputar). Analizamos el expediente del juicio ejecutivo y se realizó conforme a la normativa civil”, dijo.
Sostuvo Merlo que “nuestro Código Civil lastimosamente permite que ciertas letras de cambio se puedan firmar en blanco, y una vez que se inicia el juicio ejecutivo y si notificó y se le dio oportunidad para plantear las excepciones y no presentó en su momento, ya prácticamente esa letra de cambio tiene fuerza legal”.
Mencionó esto, pese a que muchas víctimas en realidad no eran notificadas y por ende no podían defenderse.
“En este caso, ella firmó el pagaré, no hay una falsificación de firmas”, aseguró.
