El Dicasterio para la Educación y la Cultura envió a dos delegados en el marco del supuesto caso de acoso sexual a la alumna Belén Whittingslow por parte del docente de la Universidad Católica (UCA) Cristian Kriskovich, señala un comunicado de la casa de estudios.
Se trata del arzobispo de Río de Janeiro, cardenal Orani João Tempesta, y del oficial del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, monseñor Jordi Bertomeu Farnós. Ambos ya se encuentran en el país y permanecerán por dos días.
La misión, que es “estrictamente eclesial”, tiene como finalidad escuchar y buscar ampliar los conocimientos en la causa que data desde el 2014.
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Monseñor Javier Pistilli Scorzara, gran canciller de la Universidad Católica, habló al respecto en una radio local y calificó de “positiva” la llegada de ambos delegados, para tener una visión externa y un complemento a la auditoría interna, a modo de ayudar a “encontrar caminos de solución y pacificación”.
Explicó que la misión se realiza en el marco del ámbito eclesiástico, de acuerdo con el Derecho Canónico de la Iglesia, y que no busca intervenir en los procesos penales o civiles de la Justicia.
Luego de cumplir con su misión con “discreción, objetividad y serenidad”, los delegados deberán remitir un informe al Vaticano.
Si bien la Fiscalía desestimó la denuncia porque consideró que no existió el acoso, ya que “no había una relación de jerarquía” entre ambos y calificó el hecho como un simple “galanteo”, el cardenal Adalberto Martínez pidió a la institución desvincular del plantel docente a Kriskovich.
Asimismo, el pasado marzo, el Consejo de Gobierno General de la UCA encargó a una Comisión Auditora Documental el análisis de todas las actuaciones llevadas a cabo en la causa sumarial interna realizada en el 2014 y concedió al docente un permiso de sus cátedras.
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A la par de su denuncia, Belén Whittingslow fue involucrada en el caso de compraventa de notas en la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCA y se vio obligada a refugiarse en Uruguay.
Después de varios años de estar fuera del país, la Sala Constitucional de la Corte dio lugar a la acción de inconstitucionalidad presentada por la joven contra su orden de detención por ese caso.
La acción de Whittingslow fue planteada en 2019, por los abogados Juan Martín Barba y Rodrigo Cuevas, específicamente en contra de la resolución dictada por la jueza Lici Sánchez.
Para la defensa de la joven, la orden de captura fue en represalia por haber denunciado por acoso sexual a su profesor de Derecho en la Universidad Católica, Cristian Kriskovich.
