A la larga lista de los negocios ilícitos o criminales que se practican con toda impunidad en estas tierras, como el narcotráfico, el tráfico de armas, el contrabando de cigarrillos o la trata de personas, hemos sumado una curiosa variante: el tráfico de nuevas vacunas contra el Covid-19. O como dicen los titulares de prensa: el vacunatráfico.
Ni siquiera se trata de un elemento de gran valor monetario. Las vacunas cuestan entre 4 y 30 dólares por cada doble dosis y las pagan los Estados. Al ciudadano le sale gratis. El problema es que la cantidad obtenida con la pésima gestión gubernamental resulta aún totalmente insuficiente y como en las primeras etapas se privilegia a los trabajadores de salud y a los adultos muy mayores, uno no sabe cuándo llegarán más vacunas y cuándo tocará el turno de inocularse.
A medida en que la gente se desespera por la poca existencia de vacunas, mientras los casos de contagios y fallecimientos aumentan considerablemente, que te ofrezcan la posibilidad de aplicarte una dosis “ijykepe” (por fuera del esquema oficial, ya sea como un favor político o como una ilegal negociación en el mercado negro), resulta una gran tentación, porque puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El miedo a figurar en la negra lista de a veces más de un centenar de muertes que el Ministerio de Salud reporta cada noche, hace que una dosis ilegal de vacuna adquiera un valor incalculable. Emulando a Ricardo III, muchos estarían dispuestos a ofrecer: “¡Mi reino por una vacuna!”.
Escándalos de vacunados vip hubo en otros países. En Argentina, cuando el destacado periodista Horacio Verbitsky admitió que lo vacunaron antes de tiempo como un favor, el presidente Alberto Fernández destituyó inmediatamente al ministro de Salud, Ginés González García, considerado uno de los mejores del continente. En Perú, el ex presidente Martín Vizcarra y varios altos ex funcionarios estatales fueron descubiertos beneficiándose con vacunas que eran para ensayos clínicos y recibieron una serie de sanciones, entre ellas la inhabilitación para acceder a cargos públicos.
Aquí, apenas empezaron a suministrar las primeras dosis, ya saltaron las irregularidades, como la aplicación a personas fuera de la lista en Caacupé y Guarambaré. En Alto Paraná se cambió ex profeso el local de vacunación a una universidad privada, propiedad del gobernador, para que un centenar de políticos y familiares de su entorno sean vacunados sin tener la edad requerida.
En Asunción y Central estalló el escándalo más grande, con una senadora oficialista (ahora ex), varios ex legisladores, un ex fiscal general y hasta un legislador parlasuriano, quienes se vacunaron sin que les corresponda. De una lista de más de 500 personas detectadas por ciudadanos vigilantes, el Ministerio de Salud confirmó hasta ahora a 88 vacunados vips, pero aquí no hay ministros destituidos ni ex presidentes inhabilitados. Apenas directores separados del cargo mientras son sumariados y los sumarios, ya se sabe, siempre acaban en el oparei.
En el Hospital de Calle’i se roban las dosis que luego se ofrecen en venta hasta en los gimnasios. “¿Y qué esperaban? En el Paraguay reina la corrupción”, dice la gente, resignada, mientras asiste por televisión a las rebeliones ciudadanas en Colombia.
