La manifestación fue convocada por el Movimiento Brasil Libre, que desde inicios de este año ha realizado varias protestas contra Rousseff por su supuesta responsabilidad en el escándalo de desvío de dinero público en la petrolera estatal Petrobras.
En los últimos diez días, unos treinta miembros del movimiento, nacido en Sao Paulo, recorrieron por carretera los 1.000 kilómetros que separan ambas ciudades y realizaron manifestaciones similares a lo largo del camino.
El grupo pretendía congregar en Brasilia a millares de personas, pero, según los cálculos de la policía, los manifestantes no pasaron de 300, en su mayoría jóvenes estudiantes.
Caique Mafra, uno de los coordinadores del movimiento, dijo a periodistas que entregaron al Congreso un documento de “mil páginas” en el que constan diversos “análisis jurídicos” que, en su opinión, son “mas que suficientes” para procesar a Rousseff.
La posibilidad de enjuiciar a la presidenta ha sido barajada por los principales partidos de oposición, pero finalmente descartada, ya que no hallaron fundamentos jurídicos contra ella en el escándalo de Petrobras.
Algunos de los análisis que apuntan en la dirección de un juicio sostienen que en la última década, cuando arreciaron las corruptelas en la estatal, Rousseff fue miembro e incluso presidió el consejo directivo de la empresa.
Sin embargo, hasta los abogados de la oposición consideraron que eso no basta para probar que haya tenido alguna responsabilidad en los desvíos de dinero público, que la propia Petrobras calculó en unos 2.000 millones de dólares.
De todos modos, los opositores partidos de la Social Democracia Brasileña (PSDB), Popular Socialista (PPS), Demócratas (DEM) y Solidaridad (SD) han denunciado a Rousseff ante la Procuraduría General por un supuesto delito contra las finanzas públicas.
La denuncia se fundamenta en maniobras fiscales realizadas por el Gobierno en 2013 y 2014 para cuadrar las cuentas públicas, lo cual pudiera constituir un “delito de responsabilidad”.
En abril pasado, el Tribunal de Cuentas consideró que el Gobierno incurrió en esa falta al usar fondos de bancos públicos para mejorar los resultados de las cuentas del Estado, aunque el responsable por la investigación, el magistrado Jose Múcio, ya ha descartado que las irregularidades constituyan un delito.
De ese modo, los responsables directos por esas maniobras sólo podrían recibir alguna sanción administrativa, pero en ningún caso de tipo penal.
